Este es el primer registro oficial de fosas clandestinas en México. Es desolador

En el país de las fosas, las estadísticas son frías y no traen consuelo a las familias de los desaparecidos. Nadie sabe quiénes son, a dónde fueron. Esta podría ser la respuesta

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México se ha vuelto un país de fosas. Las familias vagan de una dependencia de gobierno a otra. Escarban. Buscan y buscan. A veces encuentran los restos de otros, pero no de los que buscan.

Es casi un lugar común: las autoridades, los medios y las familias que buscan a los desaparecidos así lo reconocen. Por todo el país se han encontrado cientos de tumbas clandestinas con restos de personas desaparecidas. Nadie sabe quiénes son.

Hasta ahora no había un registro oficial. Atar los cabos, ir de una dependencia a otra, de un diario a otro, de fosa en fosa, es un eterno peregrinaje con un destino incierto. La información está dispersa.

El Gobierno de López Obrador, que se comprometió a tomar medidas para encontrar a los desaparecidos, presentó este martes el primer registro de fosas clandestinas en el país. Es un primer paso. El registro sólo abarca 231 fosas en 31 sitios, 337 cuerpos en total.

Las cifras representan sólo una fracción del total, pues se calcula que hay más de 30.000 desaparecidos (40.000, según otros datos) y unas 2.000 fosas cuando menos.

Según explicó el secretario de Gobernación, Alejandro Encinas, las 231 fosas corresponden únicamente a las que se han encontrado durante la actual administración. El registro se actualizará cada 15 días e irá incluyendo información de las administraciones anteriores.

El estado donde se encontraron más fosas fue Veracruz (76), en el Golfo de México. Le siguen Sonora (35); Sinaloa (23); Guerrero (20); Colima (12); Tabasco (11); Coahuila y Zacatecas (10)M Jalisco (ocho); Nayarit (cinco) y Michoacán y Tamaulipas (3), más otras tres en dos estados más.

Desde 2007, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes comenzó a aumentar, después de tres décadas a la baja. La ola de violencia coincidió con la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, quien sacó el Ejército a las calles.

En el sexenio de Calderón (2006-2012) poco más de 100.000 personas fueron asesinadas intencionalmente. En el de Peña Nieto (2012-2018) más de 121.000. Y López Obrador ha registrado el inicio de gobierno (diciembre 2018) más violento de la historia con más de 2.800 homicidios dolosos.

El registro ha sido elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de Karla Quintana, con información de varias dependencias estatales y federales.

Encinas también informó que se elabora un programa nacional de exhumaciones e identificación forense.

Quintana ha dicho que México vive una “crisis forense”.

“La información que tenemos es lo que está en un papel, lo que está en una lista de lo que ha pasado por los diferentes institutos forenses o morgues. Eso no quiere decir necesariamente que esos cuerpos sigan ahí, pueden estar en fosas comunes. Y no sólo son cuerpos, también hay decenas de miles de restos óseos”, dijo Quintana al portal de noticias web Animal Político.

Uno de los mayores problemas es que las agencias de la ley no cuentan con protocolos para indagar un caso de desaparición, por ello la comisión se ha propuesto poner en práctica el Protocolo Homologado de Búsqueda.

“Mi meta personal como comisionada es crear esta institución”, dijo Quintana a principios de marzo. A lo que no puede comprometerse, ha dicho, es a fijar una cifra o una meta para encontrar a una cantidad de personas en un tiempo determinado.

Una de las razones por la que es tan difícil localizar a personas desaparecidas es la cantidad de instituciones que deben coordinarse, tanto locales como de la federación: la Secretaría de Gobernación, las fiscalías estatales, las comisiones de búsqueda locales, las morgues, los ministerios públicos.

“Es la mayor crisis en materia de derechos humanos, que es grandísima, porque no podemos olvidar feminicidios, trata, tortura. Pero la dimensión de la desaparición en México es el mayor reto en materia de derechos humanos que está recibiendo este gobierno”, añadió Quintana.