La Casa Blanca negó hoy categóricamente que tuviese un “plan secreto” para lograr la deportación masiva de hasta 10,000 familias inmigrantes, pero aseguró que su prioridad es hacer cumplir las órdenes de los jueces de Inmigración.
Consultada por Noticias Telemundo, una fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, salió al paso de un incisivo artículo del diario “The Washington Post”, que develó un plan para la deportación de padres y niños migrantes detenidos recientemente en la frontera.
La cifra de arrestos inicialmente sería de 2,500, con un máximo de hasta 10,000, según el diario, que citó a siete antiguos y actuales funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Pero la fuente de la Casa Blanca aseguró que “nunca hubo ningún plan secreto” para la deportación masiva.
“Hay aproximadamente un millón de inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación que permanecen en Estados Unidos. El hacer cumplir estas órdenes judiciales es una principal prioridad para la Administración y para ICE, y es fundamental para la integridad del sistema migratorio”, enfatizó la fuente.
La fuente de la Casa Blanca no precisó si el plan se mantiene en pie, y Noticias Telemundo aún no ha recibido explicación de ICE o del DHS al respecto.
Más adelante, antes de partir hacia Luisiana, el presidente Donald Trump negó conocimiento del plan de redadas, el cual calificó como "probablemente noticias falsas".
Según el diario, el plan “secreto” -presuntamente aún sobre la mesa- tenía el objetivo de arrestar y agilizar la deportación de 2,500 adultos y niños en diez de las principales ciudades de Estados Unidos, con la meta de lograr la expulsión de hasta 10,000 personas.
Las redadas estaban previstas en hogares y vecindarios en ciudades como que figuran entre los principales destinos de inmigrantes centroamericanos.
Sólo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Ron Vitiello, bloquearon el plan de deportación masiva varias semanas antes de ser eliminados de sus cargos el mes pasado como parte de una “purga” dentro del DHS, ordenada por el presidente Donald Trump.
Vitiello urgió cautela sobre la separación de familias en la frontera, mientras que los asesores de Nielsen advirtieron sobre las repercusiones del manejo de migrantes con hijos nacidos en EEUU, y la falta de espacio para la detención prolongada de los migrantes.
En cambio, el principal asesor político de Trump, Stephen Miller, y el entonces subdirector de ICE, Matthew Albence, defendieron el plan a rajatabla para cerrar el grifo de los cruces ilegales en la frontera, y permanecen en sus cargos.
Así, el diario pinta las pugnas internas entre los asesores de Trump, que apoyan su política migratoria, y los funcionarios del DHS encargados de implementarla pero conscientes de las repercusiones legales y políticas.
Citando a siete antiguos y actuales funcionarios del DHS, que pidieron el anonimato, el diario dijo que Nielsen y Vitiello expresaron dudas sobre la eficacia del plan y la preparación logística para ponerlo en marcha.
También criticaron que el plan no sólo les traería mala publicidad sino que sería un derroche de recursos necesarios para las operaciones de vigilancia fronteriza y para el arresto de extranjeros criminales.
Según esas fuentes, Nielsen y Vitiello bloquearon el plan a sabiendas de que pronto podrían ser víctimas de esa “purga”, que Trump ordenó porque quería imponer una respuesta “más dura” contra la inmigración ilegal.
Vitiello había sido nominado por Trump para dirigir ICE, pero el pasado 5 de abril el mandatario cambió de parecer y retiró su candidatura, con la única explicación pública de que quería una “dirección más dura” en la agencia.
El plan, en todo caso, refleja la creciente frustración de la Administración Trump por el incesante flujo de cruces ilegales en la frontera sur. El mes pasado, las autoridades detuvieron a 109,144 inmigrantes, en lo que supone el segundo mes consecutivo con cifras de arrestos superiores a los 100,000.
Trump ganó la presidencia con promesas de construir un muro fronterizo e imponer una mano “más dura” contra los inmigrantes indocumentados en el país, pero sus esfuerzos han desatado demandas colectivas en los tribunales.
La Administración, por ejemplo, ha restringido aún más el proceso de asilo y, con la ayuda de México, puso en marcha el plan “Quédate en México” para que los migrantes centroamericanos que solicitan asilo en la frontera aguarden en ese país la resolución de sus casos.
Los tribunales de inmigración, que operan bajo el paraguas del Departamento de Justicia, tienen una montaña de casi 900,000 casos retrasados porque no hay suficientes jueces para procesarlos.
Por órdenes de la Administración, los jueces han dado prioridad a los inmigrantes recientes detenidos en la frontera y, para enero pasado, habían emitido órdenes de deportación finales para 2.500 adultos y niños.
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