Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un residente de Maryland que se había presentado en una entrevista con funcionarios de inmigración, resaltó un juez en un fallo que podría beneficiar a otras personas que luchan contra las órdenes de deportación.
El juez de distrito George Hazel, había extendido una orden previa que impedía a las autoridades deportar a Wanrong Lin a su natal China. Sin embargo, agentes de ICE lo habían montado en un vuelo comercial desde Nueva Jersey hasta Shangai en noviembre pasado, pero Hazel ordenó que fuera devuelto a Estados Unidos antes de que el vuelo aterrizara en China. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Maryland demandó en nombre de Lin solo unos minutos antes de que despegara el avión.
Los agentes de ICE detuvieron a Lin en agosto pasado luego de presentarse a una entrevistar para solicitar una "exención provisional", que permite que los no ciudadanos que se enfrentan la deportación permanezcan en el país mientras buscan un estatus legal.
Hazel señaló que el gobierno no puede usar ese proceso "como una trampa para los solicitantes confiados". El juez dijo que los agentes utilizaron la entrevista para atraer a Lin a su arresto, impidiéndole completar el proceso de exención provisional.
"Los acusados han adoptado una regla que fue promulgada para un propósito y la utilizada para lo opuesto", escribió Hazel.
El abogado de la ACLU de Maryland, Nick Steiner,resaltó que compartió la decisión con otros defensores de inmigrantes en caso de que tengan clientes en una situación similar.
"Nada en la decisión se aplica directamente más allá del Sr. Lin", dijo Steiner, pero el fallo envía una "señal bastante fuerte a ICE" de que no puede abusar del proceso de exención provisional de esta manera, agregó el abogado de ACLU.
Los abogados del Departamento de Justicia asignados al caso no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.
En declaraciones emitidas por la ACLU de Maryland, Lin y su esposa, Hui Fang Dong, dijeron que están felices y aliviados de que pueda quedarse con su familia en su hogar en California, en donde tienen un restaurante.
"No sé qué habríamos hecho si tuviera que regresar a China", dijo Dong.
Dong se convirtió en un ciudadana estadounidense en el 2004, el mismo año en el que se casaron. Lin no lo hizo, pero buscó asilo en 2008, una solicitud que fue denegada y resultó en una orden para su deportación. Sin embargo, en realidad no abandonó el país hasta que fue deportado en noviembre.
Lin, de 38 años, tenía 14 años cuando llegó solo a al país en 1994. Deportarlo ahora lo mantendría separado de su familia durante años, han dicho sus abogados.
"Se le pediría al Sr. Lin que comenzara en un país en el que no ha vivido desde 2002. No tiene familia en Shanghai, y no está claro cómo se cuidará", escribió el juez.
El recurso preliminar otorgado por Hazel le da a Lin más tiempo para quedarse en el país mientras él busca la residencia permanente, pero no es la última palabra en el caso.
Durante una audiencia en marzo, el abogado del Departamento de Justicia, Julian Kurz, dijo que los agentes de ICE tienen la discreción de arrestar y hacer cumplir las órdenes de deportación "de una manera eficiente en recursos". Comentó que los abogados de Lin le estaban pidiendo a la corte que bloqueara una "orden de remoción indiscutiblemente válida".
"Eliminar a Lin no sería inconsistente con ningún estatuto, reglamento o la Constitución", dijo Kurz.
En 2016, Lin y Dong comenzaron a solicitar la exención estatal. Como parte del proceso, fueron a una entrevista en una oficina federal de inmigración en Baltimore en agosto para confirmar la "buena fe" de su matrimonio, dijeron los abogados de ACLU. El entrevistador le dijo a Dong que la validez de su matrimonio sería confirmada, pero acompañó a Lin a una habitación separada para más preguntas. Fue entonces cuando los agentes de ICE lo arrestaron.
Arrestar a Lin inmediatamente después de su entrevista le impidió completar el segundo paso del proceso de exención, anotó Hazel.
"Permitir la eliminación en estas circunstancias permitiría al gobierno erigir una barrera impenetrable para completar el proceso de exención provisional y, de hecho, utilizarlo como una trampa para los solicitantes que no sospechan", concluyó el juez.
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