Siete gobiernos extranjeros alquilaron espacios en la Torre Trump sin autorización del Congreso

La decisión de alquilarle a gobiernos extranjeros en una propiedad del presidente Trump es una posible violación de la cláusula sobre emolumentos de la Constitución, reveló una investigación de la agencia de noticias Reuters.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos permitió a por lo menos siete gobiernos extranjeros alquilar condominios de lujo en la Trump World Tower de Nueva York en 2017 sin contar con la aprobación del Congreso, en una posible violación de la cláusula sobre emolumentos de la Constitución, reveló una investigación de la agencia de noticias Reuters.

Los gobiernos de Irak, Kuwait, Malasia, Arabia Saudita, Eslovaquia, Tailandia y la Unión Europea obtuvieron autorización del Departamento de Estado para alquilar ocho unidades combinadas en Trump World Tower según documentos solicitados por Reuters bajo la Ley de Libertad de Información y personas familiarizadas con los arrendamientos de la propiedad.

Reuters no pudo confirmar si el Departamento de Estado aprobó otras dos solicitudes de arrendamiento de Argelia y Corea del Sur y tres solicitudes adicionales de Kuwait.

El edificio de 90 pisos está ubicado junto a la sede de las Naciones Unidas cerca del East River. No debe confundirse con Trump Tower en la Quinta Avenida donde el actual presidente mantiene su residencia.

La Ley de Misiones Extranjeras de 1982 requiere que los gobiernos extranjeros obtengan la autorización del Departamento de Estado para cualquier compra, arrendamiento, venta u otro uso de una propiedad en Estados Unidos.

Patrick Kennedy, quien desde 2007 hasta 2017 fue el principal funcionario del Departamento de Estado a cargo de la administración interna de la agencia, explicó que el Departamento de Estado está en una situación delicada, pues si comienza a obstruir las solicitudes de gobiernos extranjeros para arrendar unidades en propiedades afiliadas a Trump, estos podrían tomar represalias contra los diplomáticos de los Estados Unidos que buscan vivienda en sus territorios.

"El interés del Departamento de Estado en decir 'no' es probablemente cero si no existe una amenaza para la seguridad y tenemos buenas relaciones recíprocas con los países", dijo Kennedy a Reuters.

Por otra parte, la cláusula sobre emolumentos (remuneración) prohíbe a los funcionarios de los Estados Unidos aceptar regalos o pagos de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso.

El rascacielos en cuestión había albergado a diplomáticos y funcionarios extranjeros previamente, pero debido a que el magnate está en la Casa Blanca, tales transacciones deben ser aprobadas por los legisladores federales.

Las transacciones de alquiler detectadas por Reuters muestran que en los ocho meses posteriores a la toma de posesión de Trump -el 20 de enero de 2017- los gobiernos extranjeros enviaron 13 notas al Departamento de Estado solicitando permiso para alquilar o renovar contratos de arrendamiento en Trump World Tower, más solicitudes que en los dos años anteriores combinados.

"Esta nueva información plantea serias dudas sobre la posibilidad de que el gobierno y sus negocios reciban pagos de gobiernos extranjeros", dijo Elijah Cummings, presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, en un comunicado a Reuters. "El público estadounidense merece una total transparencia".

Agregó que los esfuerzos de su comité por obtener información detallada sobre los pagos de gobiernos extranjeros a los negocios de Trump habían sido "bloqueados".

Un portavoz del Departamento de Estado refirió a Reuters al Departamento de Justicia porque el tema involucraba "asuntos relacionados con litigios en curso". Este declinó hacer comentarios. Por su parte, la Casa Blanca remitió una solicitud de comentarios al Departamento de Estado y a la Organización Trump, y ninguna de las entidades hizo declaraciones al respecto.

Trump World Tower está controlada por una sociedad limitada propiedad de Trump y administrada por Trump Corporation, también propiedad del presidente, que obtiene sus ingresos de las tarifas pagadas por los propietarios de las unidades.

Legisladores y los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia ya han presentado demandas a causa de los ingresos que Trump obtiene de los negocios de gobiernos extranjeros en sus propiedades, como el recientemente inaugurado Trump International Hotel en Washington, DC, alegando que violan la cláusula de emolumentos.

Los abogados de Trump han argumentado en el tribunal que la Constitución solo le exige que solicite la aprobación del Congreso para los emolumentos extranjeros ofrecidos en conexión con su posición como presidente.

Trump ha mantenido la propiedad de sus intereses comerciales globales, pero delegó las operaciones cotidianas a sus hijos mayores y un ejecutivo de la compañía antes de asumir la presidencia.

El martes, un juez federal rechazó la moción de los abogados de Trump para desestimar uno de los juicios por emolumentos en su contra, y dijo que la definición restringida presentada por Trump era "no convincente e inconsistente".

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