El secretario del Departamento de Seguridad (DHS), Kevin McAleenan, dijo que la política de separación de familias en la frontera sur del país había sido "efectiva" pero sin éxito porque a largo plazo hizo que la gente perdiera la confianza en la iniciativa.
"No funcionó en el sentido de que perdimos la confianza pública en la implementación de esa iniciativa. Y estuve de acuerdo con la decisión del presidente de detenerla", expresó durante una entrevista en el programa televisivo 60 Minutes, de la cadena CBS.
McAleenan, quien sustituyó a Kirstjen Nielsen tras su renuncia, agregó que "cuando se pierde la confianza pública en una iniciativa de aplicación de la ley, significa que no tuvo éxito", reportó Fox News.
A inicios de abril, el Departamento de Justicia señaló en un expediente que tomaría cerca de un año revisar los casi 47.000 casos de niños que ingresaron al país sin acompañantes y que permanecieron bajo custodia del gobierno estadounidense entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que había demandado que el trabajo se completara en tres meses, acordó este jueves que el plazo se extendiera hasta por seis meses debido a las opiniones que señalaban que sería imposible lograrlo en tan corto plazo.
En tanto, el magistrado federal Dana Sabraw, quien otorgó el plazo, dijo en San Diego que su intención inicial es cumplir con el tiempo previsto, que es más corto que los dos años que habían pedido los abogados del gobierno de Trump para identificar a unos posiblemente miles de niños separados de sus padres.
Sabraw, que escuchó el testimonio del comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), coincidió con los abogados de la demanda colectiva que es necesario fijar una fecha límite, reportó la agencia de noticias EFE.
"Creo que esto puede hacerse basándose en la información que se ha dado aquí", señaló el magistrado, quien el año pasado ordenó la reunión de familias separadas a consecuencia de la implementación de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal.
White, el "arquitecto" de la entrega a sus padres o algún familiar de 2.759 niños, de un total de 2.814, a raíz de aquel mandato judicial, justificó que la estimación de concluir la identificación al cabo de "uno o dos años" era en base al peor escenario.
Hubiera sido "una derrota devastadora", enfatizó White durante una audiencia este jueves en la corte, donde reiteró que dicho periodo nunca fue "el objetivo".
El comandante informó que se contratará a un equipo a tiempo completo para apoyar el proceso y cuya instrucción será "hacer la contabilidad más precisa dentro del menor tiempo humanamente posible".
Ambas partes deberán informar a la corte sobre sus avances cada tres semanas, según solicitó Sabraw, quien busca así asegurar de que el proceso se desarrolla de manera ágil y que en caso de presentarse algún problema preferiría evaluarlo "más temprano que tarde".
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, se mostró satisfecho con la resolución del juez, ya que un plazo de hasta dos años "hubiera sido una tragedia", como declaró a los periodistas al término de la audiencia.
A pesar de la "enorme tarea" que supone encontrar a las familias separadas, anticipó que se encontrarán a cientos, "si no es que a miles", de niños que podrían beneficiarse de este mandato judicial.
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