Kamala Harris anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2019, y no por casualidad: ese día se conmemora el nacimiento de Martin Luther King, Jr, el padre del movimiento de los Derechos Civiles.
Con este anuncio simbólico quizó atar su campaña a la lucha por los derechos de los afroestadounidenses, de los Derechos Civiles, de los derechos laborales, y honrar además sus propias raíces.
Raíces inmigrantes
Harris es hija de una mujer tamil (una etnia de la India) y de un hombre jamaicano.
Es hija de una científica que luchó contra el cáncer de mama y de un profesor de Economía en una de las mejores universidades estadounidenses. Es hija de dos inmigrantes.
Y, por si fuera poco, es de California (nació en Oakland hace 64 años), el estado en el que ha sido fiscal general y es hoy senadora. Este es el estado con más inmigrantes del país: aquí uno de cada cuatro ciudadanos nació en otro país. Casi todos son legales y la mayoría son hispanos.
Quizá por ello, uno de los primeros escándalos de su campaña fue precisamente su apoyo hace más de una década a una medida legal que hizo mucho daño a jóvenes indocumentados.
Medidas que no ayudaron a los inmigrantes
Todo empezó el 22 de junio de 2008, cuando Tony Bologna, de 49 años, volvía a casa tras un domingo de barbacoa con sus hijos. A medianoche tenía que acudir a trabajar a una tienda de San Mateo donde era supervisor. Estaba planeando unas vacaciones para quizá viajar a Disneyland con familiares.
A las tres de la tarde, casi ya en casa, frenó en una intersección y le bloqueó el paso a otro carro. Retrocedió rápido, tras recibir miradas enojadas del otro conductor. Pero no fue suficiente: el otro carro le siguió, se colocó a su lado y le baleó.
Murieron él y sus hijos de 20 y 16 años.
El autor del asesinato resultó ser Edwin Ramos Umaña, un inmigrante indocumentado salvadoreño que tenía entonces 22 años y pertenecía a la pandilla criminal MS-13. Había sido condenado por un intento de robo en 2003, cuando aún era menor de edad, pero no fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para ser deportado.
En marzo de 2008 volvió a ser arrestado, pero tampoco fue reportado a ICE. Tres meses después cometió el triple asesinato.
La fiscal en este caso fue Kamala Harris, que no pidió la pena de muerte (dijo que nunca lo haría por ningún crimen) pero logró que Ramos fuera condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel.
Pero el crimen tuvo un impacto aún mayor: acabó con la política de San Francisco como ciudad santuario, que limitaba al mínimo legal la colaboración de las autoridades locales con ICE.
El entonces alcalde y ahora gobernador, Gavin Newsom, apostó por reportar a ICE a los jóvenes inmigrantes que fueran arrestados, y Harris respaldó esa medida.
Newsom dijo durante su campaña a gobernador que fue un error. Harris ha sido menos contundente: considera que la deportación de estos jóvenes incluso antes de ser juzgados fue una consecuencia “no buscada” que no respaldó. Añadió que esa política había sido cambiada, pero olvidó mencionar que fue en 2013, cuando Newsom dejó la alcaldía.
Sus defensas de los inmigrantes
En cualquier caso, es imposible decir que Harris no ha defendido públicamente a los inmigrantes porque lo ha hecho en sus declaraciones (en especial, a favor de los dreamers, los jóvenes llegados al país de niños ilegalmente de la mano de sus padres) y en sus votos en el Senado.
Harris también fue inmigrante: de los 12 a los 18 años vivió en Canadá. Pero su círculo defiende que sus ideas en este sentido tomaron forma cuando ya era fiscal general de California, en 2014, con la llegada masiva de menores que habían viajado solos desde Centroamérica huyendo de la violencia.
Luchó por darles asistencia legal y una oportunidad para quedarse. Participó incluso en la defensa del caso legal de los dreamers ante la Corte Suprema.
Paradójicamente, los demócratas parecen recordar su apoyo a la política que desencadenó el crimen de 2008, mientras que los republicanos, incluido el presidente, le recuerdan otro crimen perpetrado por un indocumentado en San Francisco en 2015 tras la puesta en marcha de sus políticas pro-inmigrantes.
Trump, en cualquier caso, ha sido respetuoso hasta ahora con Harris. Ha evitado ponerle un apodo ofensivo, como ha hecho con otros demócratas, y la ha calificado como la “candidata más dura” y la que mejor inicio ha tenido.
Tiene un marido abogado al que conoció en una cita a ciegas y que le ha dado dos hijastros. Tiene una base de seguidores en Twitter casi tan grande como la del presidente Barack Obama.
No habla español, lo que en California no la ha ayudado.
Sus políticas son tan demócratas como las del resto de sus contrincantes: a favor del seguro médico obligatorio y la sanidad pública, de la legalización de la marihuana, del control de armas (aunque tiene una pistola, que justifica porque su trabajo la convirtió en objetivo de la ira de peligrosos criminales), de un salario mínimo de 15 dólares por hora, y de los derechos de las mujeres de elegir sobre su propio cuerpo.
“El público estadounidense quiere a un guerrero” que les lidere y defienda, dijo en su presentación como candidata, “y yo estoy preparada para ello”.