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Trump se prepara para 2020 y amenaza con nuevas restricciones migratorias a estos países

El Gobierno podrá negar visas a países que retrasan o que rechazan a migrantes deportados desde EEUU

El Gobierno del presidente Donald Trump está considerando suspender o limitar el ingreso a Estados Unidos a quienes provengan de países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia de sus visas.

De acuerdo con un memorando enviado el lunes, Trump instruye a su Gobierno a examinar la manera de reducir las permanencias tras la expiración de visados, ya sean empresariales o de turista, como parte del renovado enfoque para frenar la migración de cara a las elecciones de 2020.  

Además señala que el Gobierno sopesa el desarrollo de “bonos de admisión” —las personas que ingresan al país deberían pagar una cuota que les sería reembolsada a su salida— en un intento por mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos en las visas. 

“Tenemos leyes que necesitan seguirse para mantener a salvo a los estadounidenses y proteger la integridad de un sistema en donde, en este momento, hay millones de personas que hacen fila para venir a Estados Unidos en busca del Sueño Americano”, dice Trump en un comunicado. 

Los casos de personas que exceden sus visados superan en número a los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios, una organización apartidista.  

El memo otorga a los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional un plazo para presentar recomendaciones, incluyendo la posibilidad de limitar la duración de las visas.

 

MÁS RESTRICCIONES

 

El Gobierno también publicó este lunes un nuevo reglamento que suspende la tramitación de visas para los países que se retrasen o que no reciban a inmigrantes deportados por Estados Unidos.  

Según el texto, los funcionarios consulares deberán "suspender la concesión de visas cuando un país ha sido sancionado por negar o retrasar la aceptación de uno o más de sus nacionales sujetos a una orden final de deportación". Por lo tanto, los cónsules pierden la potestad para asignar visas que tenían hasta ahora. 

Para el Departamento de Estado esta nueva regla, publicada este lunes en el Registro Federal, tiene como objetivo “detener el crecimiento de una población indocumentada” y obligar a los países a cooperar en caso de que alguno de sus nacionales tenga una orden de deportación. 

La nueva norma incluye las visas “de inmigrante y (las de) no inmigrante.  

Si la aplicación de esta medida no hace que el país sancionado comience a cooperar con Estados Unidos, el gobierno de Trump advierte que “escalarán” las sanciones y afectarán, por ejemplo, a visas de estudiantes o de ministros que hagan escala en territorio estadounidenses. 

No obstante, el texto apunta que la medida entrará en vigor cuando el Gobierno haya agotado todas las vías para notificar al país extranjero que reciba a sus nacionales deportados. 

 

OTRAS PROPUESTAS DE TRUMP

 

La idea de imponer restricciones a los países con altos índices de permanencia forma parte de una larga lista de propuestas que sopesan las autoridades en su intento por complacer a un presidente que ha expresado su frustración ante el enorme número de migrantes en la frontera mientras intenta cumplir con sus promesas de la campaña de 2016 y revigorizar a sus simpatizantes de cara a 2020. 

Las propuestas han sido desde las extremas —incluyendo la amenaza de Trump de cerrar por completo la frontera sur y retomar la sumamente criticada práctica de separar a los menores de sus padres— hasta variaciones más sutiles al sistema de migración legal. 

Se trabaja también en planes para que los agentes de la Patrulla Fronteriza, y no los funcionarios de asilo, realicen las entrevistas iniciales a fin de determinar si los solicitantes de asilo tienen “miedo creíble” de volver a sus países de origen. 

Además, el gobierno ha sopesado la posibilidad de tomar medidas respecto al pago de remesas que las personas que están ilegalmente en el país envían a sus familiares, así como proseguir con planes de sancionar a los inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos por el uso de prestaciones sociales como los cupones para alimentos.

 

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