Choque de posturas marcan audiencia en el Supremo sobre incluir pregunta sobre ciudadanía en el Censo

El máximo tribunal deberá decidir si el gobierno puede incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020

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/ Fuente: TELEMUNDO

En el marco de una férrea batalla política y fragmentado sobre líneas ideológicas, el Tribunal Supremo escuchó hoy los argumentos a favor y en contra de que el gobierno incluya una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020 y que, según activistas, borraría del conteo nacional a 6,5 millones de personas y pondría en riesgo el desembolso de fondos también en estados bajo control republicano.

El histórico caso, altamente politizado, llegó hasta el Tribunal Supremo después de que tres tribunales federales, en Nueva York, San Francisco (California) y Baltimore (Maryland) dictaminaron el año pasado que la Administración Trump no logró explicar con claridad o contundencia la necesidad de incluir la pregunta en el conteo decenial el próximo año.

Sería la primera vez desde 1950 que el gobierno de EEUU incorpora la pregunta en los formularios cortos del conteo nacional. Aunque ya la ha utilizado en contabilizaciones segmentadas como la llamada “Encuesta Comunitaria Estadounidense” (ACS, por su sigla en inglés), éstas han sido destinadas a una ínfima parte de la población extranjera. 

Diferencias ideológicas

En el salón de audiencias, al que tuvo acceso un puñado de medios de prensa, incluyendo Noticias Telemundo, los nueve magistrados dejaron al descubierto sus diferencias ideológicas sobre el asunto.

El ala progresista, liderado por la jueza hispana, Sonia Sotomayor, intentó abrir agujeros en los argumentos de la Administración, y advirtió de que la pregunta sobre ciudadanía produciría un conteo impreciso.

Según Sotomayor,  “no hay duda” de que la pregunta reducirá la participación en el censo, y afirmó que el gobierno no sólo buscó una justificación sino que ha creado “una solución en busca de un problema”.

Por su parte, la jueza Elena Kagan, se hizo eco de Sotomayor al señalar que la justificación de la Administración se ve “forzada”.

Mientras, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los otros cuatro jueces conservadores, parecieron alinearse con la postura de la Administración, a la que de distintas formas calificaron de razonable.

En ese sentido, el juez vitalicio más reciente en la máxima corte del país, Brett Kavanaugh, repitió el argumento de que, en toda su historia, el Censo siempre ha incluido preguntas sobre ciudadanía, y que otros países industrializados también la usan. Pero ni Kavanaugh ni los demás conservadores precisaron que la polémica pregunta no ha sido destinada a la población entera desde 1950. 

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El Tribunal Supremo deberá emitir un dictamen sobre el asunto para el cierre de su sesión en junio próximo, justo antes de que la Oficina del Censo finalice la versión corta del formulario que deberán rellenar todos los hogares. 

Bajo la Constitución, el gobierno realiza desde 1790 un conteo total de la población cada década, en el que detalla el número de habitantes y su lugar de domicilio. 

Los resultados determinan el desembolso de más de $800.000 millones en fondos federales para programas locales y estatales; la demarcación de distritos electorales; la configuración del Congreso y legislaturas estatales, y hasta las actividades del empresariado. 

En declaraciones a la prensa, la abogada de Nueva York que llevó el caso ante el Tribunal Supremo, Barbara Underwood, destacó la urgencia de que el gobierno evite adoptar medidas que perjudiquen un conteo preciso de la población, como lo exige la Constitución.

Además, un conteo impreciso terminará perjudicando a ciudades, pueblos y estados con alta concentración de inmigrantes y minorías. De los 10 estados con mayor aumento de población inmigrante entre 2010 y 2016, ocho votaron por Trump, según un análisis del Instituto para Política Migratoria (MPI, en inglés).

Gobierno dice que quiere proteger el voto

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, ha insistido en que el gobierno debe saber el estatus de personas no ciudadanas en EEUU, si es preciso “bloque por bloque”, y explicó ante el Congreso el año pasado que sólo cumplía con una solicitud del Departamento de Justicia para hacer valer el “Acta del Derecho al Voto” de 1965.

Sin embargo, según los críticos de la Administración, la exigencia sobre la pregunta de ciudadanía no tiene nada que ver con el cumplimiento de esa ley federal, y más bien desalentará la participación de extranjeros que temen que su información sea utilizada en su contra.

Gustavo Torres, director ejecutivo de “CASA de Maryland”,  indicó que  la inclusión de la pregunta meterá miedo en particular en familias con estatus migratorio mixtos, ante la desconfianza que han despertado medidas de represión contra los inmigrantes. 

“¿Cómo confiamos con esta Administración, una Administración que ha estado atacando permanentemente a nuestra comunidad, que permanentemente hace redadas, que eliminó el DACA, que eliminó el TPS, que continúa insultando y humillando a nuestra gente en la frontera? Esa es la pregunta que nuestra comunidad se hace”, dijo Torres. 

El censo de 2010, que no incluyó una pregunta sobre ciudadanía, omitió del conteo a 1,5 millones de hispanos, afroamericanos y nativo-americanos, pese a lo que se consideró la mayor movilización ciudadana en la historia del país, con un costo de $15.000 millones.

Según el propio análisis de la Oficina del Censo, que depende del Departamento de Comercio, la pregunta sobre ciudadanía podría eliminar del conteo al 5,8% de los hogares no ciudadanos, es decir, a unas 6,5 millones de personas, o el equivalente de casi toda la población del estado de Tennessee o de El Salvador, si lo comparamos con América Latina.

Afuera del Tribunal Supremo, activistas de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes colmaron la acera gritando consignas como “sí se puede” y “sin papeles, sin miedo”,  y advirtieron de que la máxima corte del país no debe permitir la exclusión de ninguna persona.

Maya Ledezma, activista de “CASA” y parte del caso en Nueva York, explicó que aunque la información del censo es confidencial, el temor es que el gobierno la utilice “a su favor”. 

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