El fiscal especial Robert Mueller asegura en su informe que no adoptó un punto de vista tradicional a la hora de decidir si debía procesar o no al presidente, Donald Trump, por obstrucción a la justicia en la investigación de la supuesta conspiración de su equipo de campaña con el Gobierno ruso antes de las elecciones de 2016.
Varios aspectos de la conducta investigada se diferencian de los casos típicos de obstrucción a la justicia, explica Mueller en su informe. En primer lugar, la investigación implicaba actos aparentemente legales dentro de la autoridad presidencial pero que provocan dudas constitucionales, teniendo en cuenta por otra parte que la presidencia provee de poderes únicos para influir en asuntos oficiales y posibles testigos. Además, el caso era inusual porque, añade Mueller, no había nada que ocultar porque no se había producido conspiración con Rusia, lo que obliga a considerar otros posibles motivos para la conducta del presidente. En tercer lugar, muchos de los supuestos intentos para influir a testigos fueron públicos, lo que es inusual aunque no excluye que puedan ser criminales.
Según Mueller, la conducta del presidente pasa por dos fases, lo que puede aportar luz sobre sus motivos. La primera comprende su actitud frente al ex director del FBI James Comey, y su despido. Hasta entonces, el presidente defendía que no estaba siendo investigado, pero a partir del despido se dio cuenta de que su propia conducta estaba siendo investigada como un posible caso de obstrucción a la justicia, y comenzó a atacar a la investigación y controlar a los testigos.
Basados en los hechos y los estándares legales aplicados, concluye Mueller, es incapaz de llegar a un juicio al respecto, y por tanto el informe no concluye que cometiera ese crimen pero tampoco le exonera.
Recalca además que la Constitución no da inmunidad al presidente para poder obstruir a la justicia, permitiendo al Congreso investigar hechos corruptos incluso a través de los tribunales.
La respuesta del equipo de campaña a los informes sobre el apoyo de Rusia a Trump. Meses antes de las elecciones de 2016, la página WikiLeaks difundió correos electrónicos secretos de la candidata demócrata, Hillary Clinton, obtenidos por el Gobierno ruso, que sabía que así podía beneficiar a su rival, el aspirante republicano, Donald Trump.
El ahora presidente dudó en público de que Rusia estuviera detrás de la filtración, pero al mismo tiempo buscó información al respecto sobre los planes futuros de WikiLeaks.
Además, Trump negó tener conexiones o negocios en Rusia, aunque en junio de 2016 su empresa estaba intentando conseguir licencia para construir un rascacielos en Moscú.
Tras las elecciones, Trump mostró su preocupación ante asesores por que los informes sobre la interferencia rusa en las elecciones (que el informe da por probada) pudiera cuestionar la legitimidad de su presidencia.
Conducta al respecto del director del FBI Comey y Michael Flynn. A mediados de enero de 2017, el entonces asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, mintió al vicepresidente y al FBI, negando que hubiera hablado con el embajador ruso sobre las sanciones impuestas a ese país por su interferencia en las elecciones.
El 27 de enero, el día después a saber de esta mentira, el presidente invitó al entonces director del FBI, James Comey, a una cena privada en la Casa Blanca y le dijo que necesitaba su lealtad.
El 14 de febrero, un día después de pedir la dimisión de Flynn, el presidente le dijo a un asesor que creía haber desactivado así “la cosa rusa”, pero el asesor no estuvo de acuerdo. Esa tarde, el presidente vació el Despacho Oval para reunirse a solas con Comey y le dijo: “Espero que puedas ver el camino libre para dejar ir esto, para dejar ir a Flynn, es un buen chico, espero que le puedas dejar ir”.
Después, el presidente pidió a la viceasesora de Seguridad Nacional, K. T. McFarland que escribiera el borrador de una carta interna asegurando que el presidente no había instruido a Flynn para hablar con el embajador rusa. Pero McFarland se negó aduciendo que no sabía si era cierto; y el abogado de la Casa Blanca dijo que parecería que lo hacía a cambio de un puesto de embajadora que le había sido ofrecido.
La reacción del presidente a la investigación sobre Rusia. En febrero de 2017, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, empezó a plantearse si debía apartarse de la investigación dado su papel en la campaña electoral que ahora estaba siendo investigada. A principios de marzo, Trump pidió al abogado de la Casa Blanca que evitara que lo hiciera. Sessions anunció su decisión pese a todo el 2 de marzo, y Trump expresó su furia, asegurando a asesores que habría esperado de su fiscal general que le protegiera. Ese fin de semana, pidió a Sessions que reconsidera su decisión. Semanas después, el presidente pidió a los líderes de las principales agencias de inteligencia que desmintieran públicamente la idea de que el presidente podría tener conexión con la trama rusa, y llamó dos veces a James Comey pese a que el abogado de la Casa Blanca le había indicado que se abstuviera de ponerse en contacto con el Departamento de Justicia. El presidente le pidió a Comey que “levantara la nube” diciendo públicamente que él no estaba investigado personalmente dentro de la supuesta conspiración con Rusia.
El despido de Comey por parte del presidente. El 3 de mayo de 2017, Comey testificó ante el Congreso pero evitó responder a preguntas sobre si el presidente estaba siendo investigado personalmente. En cuestión de días, Trump decidió despedirle, y en su comunicación pública indicó que Comey le había dicho que no estaba siendo investigado personalmente.
La Casa Blanca aseguró que el despido se hacía por recomendación del fiscal general y del vicefiscal general, por cómo había gestionado Comey la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton justo antes de las elecciones. Pero el presidente había decidido el despido antes de saber la opinión del Departamento de Justicia, y posteriormente admitió que lo iba a echar independientemente de lo que éste recomendara hacer.
El nombramiento de un fiscal especial y los esfuerzos por despedirlo. El 17 de maro de 2017, el vicefiscal general nombró un fiscal especial para llevar a cabo la investigación sobre la trama rusa, que hasta entonces había encabezado Comey. Trump reaccionó diciendo a sus asesores que era “el final de su presidencia”, y exigiendo la dimisión a Sessions. El fiscal general le envió su dimisión, pero Trump decidió no aceptarla. El presidente aseguró que el fiscal especial tenía conflictos de interés que le incapacitaban para el puesto, pero sus asesores no estuvieron de acuerdo.
El 14 de junio, la prensa reportó que el presidente estaba siendo investigado personalmente por obstrucción a la justicia. Tres días después, Trump pidió al abogado de la Casa Blanca que solicitara al fiscal general que apartara a Mueller por conflicto de interés, pero el abogado decidió que antes renunciaría que provocar lo que calificó como la masacre del sábado noche.
Esfuerzos por restringir la investigación. Dos días después, el 19 de junio, Trump hizo un nuevo intento por afectar el curso de la investigación. Se reunió en privado en el Despacho Oval con su ex asesor de campaña Corey Lewandowski y le pidió que le enviara un mensaje al fiscal general para que dijera públicamente que la investigación estaba siendo “muy injusta” con el presidente, que no había hecho nada malo, y que debía limitar las pesquisas a futuras elecciones, no a éstas.
Un mes después, cuando Trump preguntó a Lewandowski al respecto, éste le dijo que enviaría pronto el mensaje, pero como no quería hacerlo personalmente le pidió a un oficial de la Casa Blanca que lo hiciera por él, y éste no lo hizo.
Esfuerzos para que el fiscal general controlara la investigación. A principios de verano, Trump llamó al fiscal general a su casa y le pidió de nuevo que retomara el control de la investigación, pero Sessions no lo hizo. En octubre, se reunió en privado con él en el Despacho Oval y le pidió que pensara en investigar a Hillary Clinton. En diciembre, volvió a insistir en que sería “un héroe” si retomaba el control de la investigación.
Esfuerzos para que el abogado de la Casa Blanca negara que el presidente le había pedido que despidiera al fiscal especial. A principios de 2018, la prensa reportó que Trump le había pedido al abogado de la Casa Blanca que despidiera al fiscal general y que éste había amenazado con renunciar. El presidente le pidió al abogado que lo negara en público, y él se negó alegando que la información era correcta. Volvió a insistir en una reunión en privado, en la que el abogado percibió que el presidente estaba testando su resistencia.
Conducta sobre Flynn, Manafort y (parte censurada). Cuando Flynn comenzó a colaborar con el Departamento de Justicia en la investigación, el abogado del presidente le envió un mensaje a través de sus letrados sobre su cariño por él, pidiéndole que le avisara si sabía de información que “implicara al presidente”. La negativa fue recibida como muestra de hostilidad.
Cuando Paul Manafort, ex director de campaña de Trump, estaba siendo juzgado, el presidente escribió en Twitter a su favor y aseguró que no descartaba perdonarle si era condenado.
La información sobre una posible tercer persona o personas ha sido censurada.
Conducta sobre Michael Cohen. El presidente cambió su actitud hacia su abogado personal durante muchos años después de que éste aceptara colaborar con los investigadores. Cohen defendió el proyecto de la torre de Moscú durante casi un año, pero luego mintió al Congreso al respecto; más tarde señalaría que lo hizo en coordinación con el abogado de Trump.
El presidente le pidió personalmente que no cambiara de bando, y Cohen habló con el abogado de Trump sobre un posible perdón presidencial, pero cuando decidió colaborar con la justicia el presidente le llamó “rata” y sugirió que sus familiares habían cometido crímenes.