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Activistas prometen luchar contra detención indefinida de ciertos solicitantes de asilo

El fiscal general, Bill Barr, ha emitido su primera decisión sobre inmigración desde que fue confirmado por el Senado en febrero pasado
/ Source: TELEMUNDO

WASHINGTON—Activistas de grupos cívicos en todo EEUU condenaron la decisión del fiscal general, William Barr, de que ciertos solicitantes de asilo permanezcan detenidos y sin derecho a fianza mientras se ventilan sus casos en las cortes, y han prometido una batalla legal para revertirla.

En su primera decisión en el campo minado de inmigración desde que el Senado lo confirmó en el cargo, Barr emitió una decisión de 10 páginas en la que precisó que el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA, por su sigla en inglés) permite que los inmigrantes indocumentados permanezcan bajo custodia federal a la espera de una audiencia en los tribunales de Inmigración. 

La decisión, que entrará en vigor en un plazo de 90 días, afecta a aquellos solicitantes de asilo que ya han establecido “miedo creíble” pero que afrontan un proceso de deportación. 

Es decir, no perjudicará a menores de edad no acompañados ni a quienes solicitan asilo en los puertos de entrada al país y no tienen órdenes de expulsión del país. 

El plazo de 90 días permitirá que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adopte planes de contingencia para ampliar los centros de detención de inmigrantes y agilizar los trámites en solicitudes de fianza. 

Según Barr, un extranjero que es sometido a un pleno proceso de deportación “después de establecer un miedo creíble de persecución o tortura no es elegible para su puesta en libertad o fianza” y debe continuar bajo detención hasta que concluya el proceso o reciba libertad condicional. 

El Departamento de Justicia tiene a su cargo la administración de los tribunales de Inmigración y, por lo tanto, Barr puede evaluar y revertir sus dictámenes, como lo hizo en este caso en el llamado “Asunto X-K” de 2005 ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés).

Sin embargo, grupos defensores de los inmigrantes, entre éstos el “American Immigration Council” y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés), afirmaron hoy que la decisión de Barr viola la Constitución, y piensan impugnarla en los tribunales.

Omar Jadwat, director del “Proyecto de los Derechos de Inmigrantes” de ACLU, explicó que la decisión de Barr no es más que otro ataque contra quienes huyen de la persecución y buscan refugio en Estados Unidos. 

“Nuestra Constitución no permite que el gobierno encierre a solicitantes de asilo sin el debido proceso básico. Veremos a la administración en los tribunales”, aseguró Jadwat. 

Barr, quien ha sido criticado por su presunta lealtad ciega al presidente Donald Trump, también generó el rechazo de diversos legisladores demócratas, entre éstos del legislador por Texas y presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC, en inglés), Joaquín Castro, quien advirtió que esa decisión sólo paralizará al sistema de inmigración y ampliará “el encarcelamiento masivo de los inmigrantes”. 

“Al igual que la política de separación de familias de la Administración, esta nueva orden es inhumana, ineficaz y derrochará los fondos de los contribuyentes” por el alto costo de las detenciones indefinidas, señaló Castro. 

Por su parte, el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, aseguró que la detención indefinida de solicitantes de asilo por meses o años “es otro capítulo cruel en la meta de la Administración Trump de negar el debido proceso y los derechos humanos básicos a quienes buscan refugio de la violencia”. 

“Cada día que pasa, la Administración Trump erosiona la poca apariencia de humanidad que queda en nuestra política migratoria”, porque Barr ha “revertido 14 años de precedente” en la BIA y lo ha reemplazado con una política que “empeora la situación actual”, se quejó Grijalva. 

En declaraciones a Noticias Telemundo, el abogado de Inmigración, Gunther Sanabria, condenó que la Administración haya emprendido otro “ataque despiadado” contra familias migrantes, “en vez de abordar las causas profundas de la crisis humanitaria en Centroamérica y en nuestra frontera”. 

“Si algo está claro es que la última movida del presidente (Trump) no solo es inconstitucional, sino también una clara representación de abuso de poder,” opinó Sanabria.

La decisión de Barr se enmarca en la continua batalla de la Administración Trump contra los cruces ilegales en la frontera sur, mientras el presidente Donald Trump ha puesto los reflectores nuevamente en su exigencia de construir un muro fronterizo. 

Según la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, por su sigla en inglés), la agencia que supervisa los tribunales de Inmigración, hubo 161.000 solicitudes de asilo en el año fiscal 2018 y unas 46.000 en el primer trimestre del año en curso.

Mientras tanto, la Administración Trump también defiende ante los tribunales su polémica decisión de obligar a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la resolución de sus casos. 

Una demanda colectiva, entablada por una decena de solicitantes de asilo y grupos cívicos, asegura que esa decisión aumenta los riesgos para los migrantes ante el resurgimiento de la violencia en México.