La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha exigido este jueves la liberación rápida de una migrante transgénero hondureña, Nicole García Aguilar, de 25 años, que lleva seis meses en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nuevo México, pese a que un juez le otorgó asilo político el pasado octubre. ACLU considerar su detención un acto "ilegal".
"Es más que cruel que ICE continúe deteniendo a una mujer a quien un juez federal ya le otorgó el asilo", ha dicho Kristin Greer Love, abogada de ACLU en Nuevo México. "Retener a un asilado que sufrió tanto no tiene otro propósito que infligir más daño, por eso exigimos se ponga fin de inmediato a la detención prolongada e ilegal", añade Greer Love.
ACLU y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, en inglés) presentaron este jueves un recurso legal con la denuncia de la detención "ilegal" de la migrante, que huyó de Honduras por violencia contra su orientación de género.
Indicaron que ICE intenta apelar la decisión otorgada de asilo, por lo que las organizaciones pro inmigrantes consideran que se están violando las políticas migratorias y las normas de protección de la Quinta Enmienda, por detención indefinida.
Greer Love dijo que durante la detención en el Centro Correccional del Condado de Cibola, en Nuevo México, los funcionarios de ICE han colocado a García en régimen de aislamiento durante más de tres meses, por lo que su salud física y mental se ha deteriorado.
Tania Linares García, abogada de NIJC, mencionó que actualmente ICE retiene a García en condiciones "peligrosas e inapropiadas", además de mantenerla en una unidad donde la población general es masculina.
"ICE no solo está deteniendo ilegalmente (...), sino que lo está haciendo en condiciones que son dañinas y graves; la agencia debería de dejar de gastar dólares de los contribuyentes en infligir sufrimientos inútiles al continuar deteniendo a una persona que ya ha recibido asilo", señala Linares.
García salió de Honduras en abril de 2018 tras sufrir violencia y persecución por ser una mujer transgénero. De acuerdo con documentos presentados a las autoridades migratorias, fue víctima de violaciones, intentos de asesinato, amenazas de muerte y abusos policiales.
En una de sus declaraciones, la hondureña señaló que sufrió el acoso por un tiempo prolongado, pero lo que la obligó a salir de su país fue la amenaza de agentes policiales.
Según denuncia, estos le dijeron que la violencia contra ella era "por la forma en que se ve" y le amenazaron con que no se detendrían "hasta que muriera".
Un juez federal de inmigración le concedió asilo a García en octubre de 2018; sin embargo, aseguran las organizaciones pro inmigrantes que ICE se ha negado a liberarla.
La ACLU de Nuevo México y el NIJC argumentan que la detención prolongada de García viola las leyes y exigen su liberación inmediata o, como mínimo, una audiencia de fianza inmediata.