El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela afín al chavismo solicitó el lunes allanar la inmunidad palamentaria del presidente encargado, Juan Guaidó, lo que abría el camino a las autoridades para enjuiciarlo y sería un intento más del régimen de arremeter contra el opositor.
El presidente del tribunal, Maikel Moreno, hizo la solicitud a la Asamblea Nacional Constituyente que se allane la inmunidad parlamentaria acusándolo de haber salido del país pese a tener una prohibicion de salida.
La Constitución venezolana establece que se requiere de la autorización de la Asamblea Nacional (AN) para levantar la inmunidad. La Asamblea Nacional, electa a través de comicios, fue despojada de sus competencias por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el oficialismo. Nicolás Maduro impuso una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución en 2017. A esta se le atribuyeron los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pero no es reconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
En enero el Tribunal Supremo de Justicia acordó prohibirle salida del país y congelarle sus cuentas bancarias. Sin embargo, Guaidó ha reiterado que estas medidas no tienen validez al ser impuestas por los que tilda de “usurpadores” y que el único órgano democráticamente electo es la Asamblea Nacional. Por lo que realizó en febrero una gira por varios países de la región que le han mostrado respaldo ignorando la prohibición de salida.
Guaidó desestimó la decisión del Tribunal Supremo y catalogó de cobardes a los magistrados.
“No hay ningún tipo de allanamiento porque ni siquiera lo decretaron ellos... ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo ellos”, resaltó en un acto con simpatizantes en la barriada de San Bernardino, en el centro de Caracas. “Rebotaron la pelotica a la Constituyente”.
Guaidó considera ilegitimo al Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Constituyente y la Fiscalía General, postura compartida por más de cinco decenas de países.
Como parte de la medida dictada este lunes, Moreno también anunció que se le impune una multa de 200 unidades tributarias, equivalente a unos 3 dólares en un país donde el sueldo mínimo ha sido catalogado como el peor del continente.
El anuncio del Tribunal se produjo cuatro días después que la Contraloría General inhabilitara a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por supuestamente recibir dinero del exterior sin justificación.
La Contraloría General se encarga de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos.
El contralor Elvis Amoroso no precisó cuándo empezaría la inhabilitación ni reveló el monto de una multa que le será impuesta a Guaidó, pero sí agregó una acusación más: usurpar funciones públicas y cometer “acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio”.
Esto no sería lo único que el gobierno chavista haría contra al opositor. Guaidó también denunció en enero que miembros de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) fueron a su casa a preguntar por su esposa, Fabiana Rosales, quien se encontraba con él en un evento, en un intento de intimidarlo y el acoso en marzo a una caravana donde se trasladaban miembros de la bancada opositora en la Asamblea Nacional.
Mientras aumenta la tensión política, los venezolanos desesperadamente intentan lidiar con los cortes de energía y la suspensión de servicios de agua, que los expertos aseguran se debe a la corrupta e incapaz administración que se traduce en la falta de mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Mientras que Maduro dice que se debe a supuestos ataques contra el sistema perpetrados por la oposición y el gobierno estadounidense.
El funcionamiento de internet y los teléfonos fijos y móviles es intermitente desde el 25 de marzo en varias regiones del país.
RELACIONADO: ¿Qué causó el apagón en Venezuela? Expertos descartan la versión del gobierno de Maduro