Una corte decide que las ciudades santuario no deben pagar por los crímenes de inmigrantes indocumentados

La Corte de Apelaciones de California evita que los padres de Kathryn Steinle, baleada por el inmigrante indocumentado José Inez García Zárate, demanden al sheriff de San Francisco por desobedecer a ICE

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/ Fuente: TELEMUNDO

Kathryn Steinle, de 32 años, murió el 1 de julio de 2015 cuando paseaba con su padre y un amigo por los muelles turísticos de San Francisco (California). Una bala disparada por el inmigrante mexicano José Inez García Zárate rebotó contra el suelo de hormigón y acabó en la espalda de la joven, que cayó al suelo gritando; el proyectil desgarró su arteria aorta y acabó con su vida en solo un par de horas.

García Zarat fue arrestado casi de inmediato, acusado de homicidio, y buceadores hallaron el arma hundida en el mar junto a los muelles. El inmigrante alegó que había encontrado el arma por casualidad y se le había disparado por accidente; la pistola había sido robada días antes del vehículo de un agente federal.

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Fue juzgado en otoño de 2017, exonerado de la acusación de homicidio pero condenado por posesión ilegal de un arma de fuego.

El inmigrante indocumentado había sido deportado ya cinco veces antes (la última, en 2009), y tenía varios antecedentes criminales relacionados con el consumo y venta de drogas. Fue detenido en marzo de 2015 por una acusación pendiente por posesión de marihuana, pero cuando la Fiscalía descartó procesarlo, las autoridades de San Francisco le liberaron.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) había pedido que se le mantuviera arrestado hasta que pudieran ir a recogerle para deportarle, pero San Francisco es una ciudad santuario, lo que significa, entre otras cosas, que la policía no mantiene a ningún inmigrante bajo custodia si no hay cargos criminales contra él (como tampoco se haría si la persona fuera estadounidense).

Su liberación, a la luz del incidente posterior, causó un fuerte debate social sobre las ciudades santuario, impulsado también por el presidente, Donald Trump. Los padres de la joven fallecida interpusieron una demanda civil contra la ciudad de San Francisco por negligencia, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ha determinado esta semana que no procede.

En opinión de los magistrados, aunque el caso es “innegablemente trágico”, el sheriff tenía autoridad para decidir limitar al mínimo legal su colaboración con ICE, según informa la agencia de noticias The Associated Press.

Trump ha criticado en repetidas ocasiones a esta corte, que considera liberal y pro-inmigrantes indocumentados; sin embargo, esta decisión fue firmada por el juez Mark Bennett, elegido por su propio Gobierno para el puesto.