El presidente, Donald Trump, firmó una orden para dejar sin fondos públicos federales, incluidos los de investigación y desarrollo, a las universidades que no protejan la libertad de expresión.
El mandatario considera que los estudiantes estadounidenses de ideología conservadora están "bajo asedio" y que las universidades se comportan contrario a la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión.
"Las agencias federales usarán su autoridad (...) para asegurar que las universidades públicas protegen, aprecian la Primera Enmienda y que los derechos de sus estudiantes, o arriesgan perder miles de millones de dólares provenientes de los contribuyentes", dijo el presidente durante un acto.
Las universidades públicas reciben fondos de diversas agencias del Gobierno para financiarse, incluyendo unos 40.000 millones de dólares anuales para investigación y desarrollo.
La orden responde a lo que Trump considera que son ataques a los derechos de los conservadores en el país, ejemplificados en las universidades.
El presidente citó un confuso incidente ocurrido días atrás en la Universidad de California en Berkley, en el que un partidario suyo recibió un puñetazo mientras repartía propaganda. Ninguno de los involucrados era estudiante y la Universidad ha dicho que el debate creado es "intencionalmente distorsionado e inexacto".
En respuesta a la medida firmada este jueves, la Asociación de Estadounidense de Universidades Estatales (AASCU) dijo que la orden "no añade -ni puede hacerlo- o sustrae" sus "obligaciones preexistentes bajo la Constitución".
Además, defendió que los fondos están asignados por el Congreso y no por una "orden unilateral" de la Casa Blanca.
Durante sus primeros meses en el poder, Trump también ordenó dejar sin fondos a las ciudades cuyas autoridades locales no cooperan con los agentes migratorios federales con el fin de proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación.
A estas ciudades, entre las que figuran las principales del país, se las conoce como "santuario".
La Justicia, sin embargo, ha considera "inconstitucional" esta medida del Gobierno.