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Cárceles solo para inmigrantes en EEUU. Instalaciones en las que los extranjeros son segregados

La segregación y exclusión de migrantes que eventualmente serán deportados de cárceles regulares le ha permitido al gobierno ahorrar millones de dólares en recursos educativos o de salud, según un reciente estudio
/ Source: TELEMUNDO

Dos incidentes ocurridos en el 2008 en una cárcel de Texas destaparon lo que hasta ese entonces era un tema muy poco conocido en el país: la segregación de los hispanos en estas instalaciones y el trato diferente que estaban recibiendo por parte de las autoridades.

En ese año, los motines ocurrieron con apenas semanas de diferencia. En el primero, los reclusos quemaron colchones y comenzaron una revuelta para quejarse de la mala alimentación, el régimen de aislamiento y la falta de atención médica. Esa misma mañana, Jesús Manuel Galindo, un inmigrante mexicano que había vivido en el país desde los 13 años y que padecía epilepsia fue hallado muerto tras no recibir una dosis del medicamento que necesitaba.

En el segundo disturbio los presos iniciaron otro motín que duró cinco días y produjo pérdidas millonarias. Esta vez protestaban contra el traslado de Ramón García, quien estaba enfermo, a una celda de aislamiento.

Ambos altercados tuvieron lugar en el Centro de Detención del Condado de Reeves, en Pecos, que por aquella época era la cárcel privada más grande del mundo, e involucraron a dos personas que no eran ciudadanas estadounidenses y que serían deportadas eventualmente, de acuerdo con una nota de The New Yorker.

Después de que los dos hombres recibieron sus sentencias, en el caso de Galindo por reingresar ilegalmente al país, emitir un cheque falso y violar una orden de restricción, las autoridades carcelarias los separaron de la población general. Otros inmigrantes estaban en la instalación cumpliendo condenas por delitos violentos, asaltos, robos o posesión de drogas.

Según la publicación citada, la causa de esto podría haber sido una jugada del gobierno para no gastar recursos adicionales como el acceso a clases o a programas de desintoxicación que normalmente se le impartirían a los ciudadanos estadounidenses.

Esta prisión estaba a cargo del Buró de Prisiones de los Estados Unidos, pero era administrada por el Grupo GEO, una empresa privada que en el 2008 reportó ganancias billonarias por contratos con el Gobierno.

De manera general las reglas federales también exigen que los reclusos estén en prisiones que queden a unas 500 millas de sus familias, sin embargo, en esta prisión la distancia podría alcanzar las miles de millas.

Actualmente hay cerca de 19 mil presos que no son ciudadanos en diez prisiones privadas en siete estados del país. La detención de estas personas corre a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), sin embargo muchos migrantes que han sido condenados por delitos, como es el caso de Galindo, están bajo el cuidado de la Oficina de Prisiones (BOP), una rama diferente.

Los reclusos bajo la categoría de Requisito de extranjero criminal (CAR), son trasladados a una prisión en donde solo hay extranjeros. Estas instalaciones representan el 10% de las prisiones federales y en ellas hay muchas menos protecciones para ellos.

“Todas las cárceles extranjeras no son solo lugares donde los extranjeros están separados del resto de la población penal. También son instituciones despojadas, con menos servicios que otras prisiones federales ”, resaltó la investigadora jurídica Emma Kaufman en su estudio "Segregación por ciudadanía".

Un informe del año 2004 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), expuso que en el Centro de Detención del Condado de Reeves reclusos que padecían alguna enfermedad mental o física eran puestos bajo un régimen de aislamiento debido a que una sala especializada estaba construyéndose.

Durante ese periodo, hubo quejas en esa instalación y también en otras que señalaban que los reclusos eran puestos en confinamiento sin motivos aparentes. En el 2017, tras quejas adicionales, el gobierno federal cerró la prisión y transfirió a los presos.

La investigación de Kaufman señala que la mayoría de estos presos, un 53%, son recluidos por delitos de drogas, el 32% por infracciones de inmigración y un 8% por delitos violentos. El tiempo promedio de condena es de seis años y los presos llegan de 130 países, incluyendo México, algunos de Centroamérica, Ecuador, Cuba y República Dominicana, entre otros.

"El auge de la prisión totalmente extranjera plantea preguntas apremiantes sobre el propósito del castigo, la relación entre ciudadanía y raza, y los derechos de los no ciudadanos dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, ningun área legal examina esta peculiar forma de encarcelamiento. Pocos saben siquiera que existen estas prisiones", dijo Kaufman.