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Corte clasifica a beneficiarios de DACA como inmigrantes ilegales

Esta resolución llega después de que tres dreamers, Elly Marisol Estrada, Salvador Alvarado, y Diana Umaña, interpusieran una demanda en 2016 después de que les negara el acceso a las universidades públicas de Georgia debido a su estatus legal
Varios jóvenes participan el pasado enero en una protesta en Washington D.C. en apoyo a los "dreamers".
Varios jóvenes participan el pasado enero en una protesta en Washington D.C. en apoyo a los "dreamers".AP / AP

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito ha emitido este miércoles una opinión que valida la decisión de varias universidades de Georgia de no aceptar como alumnos a los beneficiados con la Acción Diferida (DACA), que protege de la deportación a ciertos jóvenes indocumentados. Esta resolución llega después de que tres dreamers, Elly Marisol Estrada, Salvador Alvarado, y Diana Umaña, interpusieran una demanda en 2016 después de que les negara el acceso a las universidades públicas con cupo restringido debido a su estatus legal.

La corte alega que el programa federal DACA no otorga "presencia legal" a sus beneficiarios en la forma en que se define a través de leyes federales y, por lo tanto, las autoridades educativas estatales tienen potestad de implementar la política de admisión que consideren.

El sistema universitario permite que toda persona con “presencia legal” en Estados Unidos pueda pagar la matrícula que cobra al resto de los estudiantes residentes en Georgia, en un proceso conocido en inglés como “in-state tuition”.

En mayo de 2017,  una corte de menor instancia apoyó el argumento de la junta de que existe una diferencia entre “presencia legal” y “estatus legal”,  y que DACA fue un programa instituido mediante una orden ejecutiva y no una ley federal. Es decir, para efectos de la ley, los dreamers son “inmigrantes ilegales”.

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Como demandados figuraban, a título personal y oficial, los presidentes de las universidades de Georgia State University, Georgia College, Augusta University, University of Georgia y Georgia Institute of Technology.

La Junta de Regentes de Georgia, que regula a las universidades públicas del estado, aprobó en 2011 una normativa que niega a los estudiantes indocumentados el acceso a las universidades estatales con cupo limitado.

El escrito se hace público el mismo día en que la bancada demócrata en el Congreso garantizó la creación de un proyecto de ley para que los amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el de Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía del país.

"Tenemos el compromiso del liderazgo demócrata de que aprobaremos una ley que proteja a los titulares de DACA, TPS y DED. (...) Es crucial que aprobemos este tipo de legislación para que puedan llamar a nuestra nación su hogar", ha dicho el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, en una rueda de prensa en el Capitolio.