Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva de Estados Unidos, anunció este martes que su organización ha demandado al Gobierno del presidente Donald Trump para frenar la tramitación de una norma contra el aborto conocida como 'ley mordaza'.
"Hemos demandado a la Administración Trump porque no podemos tolerar algo que privará de derechos a nuestros pacientes", anunció Wen en una entrevista con Efe que tuvo lugar en el centro de Washington, a escasos metros de la Casa Blanca.
En esta ocasión, la institución médica, que desde hace años es uno de los principales blancos de los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense, ha decidido unir fuerzas con el mayor sindicato sanitario del país, la American Medical Association, y juntos han decidido plantar cara al gobierno en los tribunales.
El motivo, la reforma anunciada por la Casa Blanca del fondo federal conocido como "Título X", que actualmente cuenta con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y da servicios a cuatro millones de pacientes en 4.000 clínicas de todo el país.
Esta enmienda, bautizada por algunos movimientos sociales como "ley mordaza", pretende prohibir al personal sanitario informar a los pacientes sobre sus opciones ante el embarazo y plantea una serie de trabas a las clínicas abortistas, lo que, en última instancia, dificultaría sobremanera la viabilidad de esta práctica.
La doctora Wen aseguró que, más allá de aspectos puramente prácticos, esta norma atenta contra el juramento hipocrático y contra lo que "en esencia" supone ser médico.
"Me hice médico porque sé que mi obligación es suministrar información honesta, precisa y completa a mis pacientes. Para darle a mis pacientes el poder de ser capaces de tomar la mejor decisión para su salud y la de sus familias", lamentó, antes de recalcar: "Al fin y al cabo, esto va sobre la salud de nuestros pacientes".
La directiva consideró, además, que la medida no se fundamenta en argumentos médicos ni científicos, y denunció que serán los más necesitados quienes paguen las consecuencias en caso de que salga adelante esta norma, que podría entrar en vigor a mediados de abril.
Uno de los pilares de la nueva normativa es la imposición a las clínicas abortistas que quieran seguir recibiendo financiación estatal de una serie de requisitos que les llevaría a mantener una separación física entre sus departamentos relacionados con el aborto y los que ofrecen otro tipo de asistencia sanitaria.
Es decir, entradas paralelas, duplicidad del personal y la imposibilidad de compartir los expedientes médicos, una medida que no solo dificulta en gran medida la misión de Planned Parenthood, sino que además, según Wen, pone en peligro a los pacientes.
"Esto va mucho más allá de una organización, va mucho más allá de la política. Esto va sobre las vidas de las personas. Lo que está haciendo esta Administración es restringir el acceso al sistema sanitario a la gente que más lo necesita", afirmó Wen.
Esta misma opinión la comparte una coalición de 20 estados y el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, que este lunes presentaron sendas demandas contra el Gobierno por esta maniobra con la que pretende dejar sin acceso a financiación pública a aquellas clínicas que practiquen abortos o desvíen estos procedimientos a especialistas.
A pesar de su aspecto frágil y de su voz dulce, esta mujer nacida hace 36 años en Shangai (China) e hija inmigrantes, se ha propuesto plantar cara a un Gobierno que desde el primer momento parece haberse enzarzado en una guerra contra todo lo que Wen representa, "como mujer, como médico, como inmigrante y como persona de color".
"Cada día vemos a esta Administración llevar a cabo un ataque contra alguno de nosotros (...). Tenemos que darnos cuenta de que un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros. Así es como ganaremos, así es como contraatacaremos, porque todos estamos en esto juntos", sentenció.