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El Gobierno de Trump endurecerá las sanciones contra Cuba: afectará a los puros y el ron

La medida busca sancionar a la isla por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y busca desestimular la inversión extranjera. Así será el impacto de las nuevas sanciones.

El gobierno del presidente Donald Trump se alista para reforzar el embargo comercial a Cuba al permitir demandas en contra de compañías extranjeras que utilizan propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959, en represalia por el apoyo de La Habana al régimen de Nicolás Maduro.

Entre los principales inversionistas y potenciales afectados por la medida en Cuba se encontrarían el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands; las compañías hoteleras españolas Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que elabora el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.

Cada mandatario estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una parte de la Ley Helms-Burton de 1996 -aprobada por el mismo Clinton- la cual permite entablar demandas contra compañías de terceros países.

El congelamiento del llamado Título 3 hasta ahora ha obecido a temores de que provocaría litigios a nivel internacional contra Estados Unidos.

El gobierno de Obama, además de no aplicar el Título 3 relajó las sanciones comerciales a la isla, que datan de 1961.

Trump permitirá que el Título III de la Ley Helms-Burton entre en vigencia de manera limitada, a fin de eximir a algunas empresas de posibles litigios, pero permitiría demandas contra empresas de naciones "hostiles" como Rusia y China, según funcionarios de los Estados Unidos, asesores del Congreso de ambas partes y otras personas informadas sobre las deliberaciones del gobierno de Trump. 

No está claro, sin embargo, si la medida eximiría a empresas europeas con negocios que involucran propiedades confiscadas.
Según una investigación del Consejo de Comercio y Economía de los Estados Unidos con Cuba, una organización sin fines de lucro que promueve el comercio con Cuba, las empresas en 20 países podrían enfrentar demandas de propietarios que han certificado reclamaciones de propiedades confiscadas.

La medida tendría el efecto de limitar las inversiones extranjeras en Cuba, por temor de los inversionistas a sanciones de Estados Unidos.

Tras casi 60 años de embargo comercial, la economía cubana crece a un ritmo de alrededor de 1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a 2.000 millones de dólares, una cifra modesta e insuficiente para las necesidades del país.