Rhonda Wicht, una estudiante de 24 años, vivía en Simi Valley, un tranquilo suburbio de Los Ángeles, donde trabajaba como camarera y cuidaba de su hijo Donald, de cuatro años. Una noche de noviembre, fue golpeada, violada y estrangulada con una cuerda de macramé en su apartamento. Su hijo fue asfixiado en su cama. Sólo unas horas después fue arrestado su ex novio, Craig Coley, con el que acababa de romper su relación.
Coley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de redención. Pasó 38 años en la cárcel, y nunca dejó de defender su inocencia. Pidió clemencia, pero no la obtuvo.
El pasado mes de noviembre, cuatro décadas después del crimen, Coley fue perdonado por el gobernador de California: nuevas pruebas de ADN demostraron que, tal y como había defendido siempre, era inocente.
Coley salió de la cárcel con 70 años, y obtuvo una indemnización de 21 millones de dólares: “Ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que le ha ocurrido, pero llegar a un acuerdo era lo correcto”, explicaron las autoridades de Simi Valley.
Este crimen supuso el final de la carrera de un agente de policía, Mike Bender, pero no porque tuviera la culpa de esa condena injusta, sino por todo lo contrario: durante años luchó por probar la inocencia del hombre en prisión.
Bender nunca estuvo asignado al caso, pero hace tres décadas ya se le ocurrió revisar el expediente y encontró “demasiadas banderas rojas como para creer que Coley era sospechoso” del crimen, según explicó al diario The Washington Post.
En la noche antes del crimen, Coley había estado cenando en un restaurante; luego acercó a un amigo a su casa en carro, y volvió a su apartamento, se duchó y se fue a la cama. Sólo había 30 minutos en los que no tenía coartada, pero era prácticamente imposible que hubiera tenido tiempo para ir al apartamento de la joven, la hubiera violado y asesinado, hubiera saqueado la vivienda, y luego vuelto a su casa.
El policía estaba dispuesto a demostrar que Coley era inocente, pero sus superiores no quisieron creerle, y se negaron repetidamente a reabrir el caso. Terminaron por amenazarle: si no dejaba de insistir, perdería su trabajo.
Coley siguió insistiendo: durante tres décadas, lo intentó con concejales, congresistas, fiscales, gobernadores, con el FBI, con la Unión Americana de Libertades Civiles…
“Lo que me motivaba era que no había nadie más para hacerlo”, explica, “sentía con fuerza que había un hombre inocente en la cárcel y un asesino suelto”.
En 2016, Simi Valley cambió de jefe de policía, y el nuevo responsable, Dave Livingston, aceptó revisar el caso. Así se averiguó que la prueba de cargo por la que había sido condenado en realidad no tenía su ADN.
Le costó su carrera. Pero logró que Coley fuera liberado y perdonado.