Meses después de que la Administración Trump pusiera fin de la separación de padres migrantes de sus hijos, esta medida sigue siendo un tema caliente en los tribunales y en la frontera. Según los críticos, el gobierno todavía está separando innecesariamente a las familias.
El grupo Proyecto por los Derechos Civiles de Texas ha publicado este jueves un informe en el que se contabilizan 272 separaciones en un solo tribunal de Texas desde junio, cuando el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que puso fin a las separaciones en medio de la indignación pública. Ese mismo mes, un juez federal ordenó al gobierno que reunificara a las familias separadas.
En la mayor parte de estos casos se han visto afectados niños que cruzan la frontera de EE. UU. y México con familiares que no son sus padres, como abuelos, tíos y tías, o hermanos adultos. En 38 casos, sí que había un padre o tutor legal, la mayoría de los cuales tenía condenas penales, apunta este grupo. La niña más pequeña tenía ocho meses y medio en el momento en que fue separada de su madre, según este informe.
Si bien las separaciones no se producen a la misma escala que cuando Trump anunció la política de "tolerancia cero" en la pasada primavera, algunas ocurrieron en circunstancias preocupantes, según ha dicho Efrén Olivares, director de justicia racial y económica de este grupo, a NBC News, a veces sobre "alegaciones de delitos no corroboradas".
Uno de estos casos afectó a al señor Pérez-Domingo, un padre migrante indígena de Guatemala cuyo idioma principal es el Mam, según el informe. Pérez-Domingo fue separado de su hija de 2 años en julio tras ser acusado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de no ser el padre biológico de la niña y proporcionar un certificado de nacimiento fraudulento, según el informe. No le dieron un intérprete durante su entrevista.
El grupo de derechos civiles dijo que investigó el incidente y descubrió que el certificado de nacimiento era auténtico y que una prueba de ADN determinó que Pérez-Domingo era el padre de la niña. Fueron reunidos el pasado agosto.
"La falta de asistencia de traductores, en combinación con un cuestionamiento agresivo por parte del agente de CBP, resultó en una severa discriminación y consecuencias traumáticas para esta familia indígena", dice el informe. Agrega que si el grupo "no hubiera entrevistado a este padre al principio del proceso, es muy probable que el Sr. Pérez-Domingo hubiera sido deportado sin su hija, y que la niña habría quedado huérfano ilegalmente en Estados Unidos".
Tras la finalización de la política de "tolerancia cero", las autoridades de inmigración están separando a las familias solo si el adulto no es el padre o tutor legal del niño, si la seguridad del niño está en riesgo o debido a una "actividad criminal grave" del adulto.
En una declaración, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha dicho que el grupo ha categorizado incorrectamente los casos que involucraban a otros familiares, ya que la Ley de Seguridad Nacional "no hace concesiones para nadie más que un padre o tutor legal". CBP incluye la Patrulla Fronteriza, que detiene a las personas que ingresan ilegalmente en EE. UU.
En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que del 21 de junio al 30 de noviembre, 81 niños y 76 adultos habían sido separados.
El gobierno había identificado a más de 2,700 niños separados bajo la política de “tolerancia cero”. Pero se estima que muchos más pueden haber sido separados desde el verano de 2017, según un informe del inspector general del HHS.