El gobierno federal de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con J.I., una migrante que denunció que había sufrido abusos sexuales por parte de un agente fronterizo cuando tenía 17 años, para poner fin a una demanda presentada por la ACLU del norte de California, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger las libertades civiles, según ha informado este martes la entidad en un comunicado.
En julio de 2016, dos hermanas, que tenían 19 y 17, intentaban llegar a EE. UU. desde Guatemala. Entonces, se encontraron con oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Texas y las llevaron a una oficina de la agencia.
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Una vez allí, un oficial federal condujo a las hermanas a una habitación parecida a un armario. Les pidió que se quitaran toda la ropa y tocó sus genitales, según la demandante. El agente negó las acusaciones. Insistió en que sólo había tomado las huellas dactilares a las dos adolescentes antes de llevarlas de vuelta a su celda.
Las directrices de la Patrulla Fronteriza prohíben que agentes masculinos hagan registros al desnudo a mujeres “excepto en circunstancias urgentes” y sólo cuando otro agente está presente para observar. Según las normas, un registro vaginal debe hacerlo un médico en una instalación médica.
En 2018, la ACLU del norte de California presentó una demanda en nombre de una de las hermanas, J.I. Ahora el gobierno de Estados Unidos ha acordado pagarle a la denunciante la cantidad de 125,000 dólares para poner fin al caso.
Previamente, la Inspectoría General del Departamento de Seguridad Nacional revisó el caso de las jóvenes. Se abrió una investigación y se determinó que era la palabra de las chicas contra la palabra del agente y fallaron a favor de él. Rara vez este órgano recomienda sancionar a un oficial. Después una de ellas demandó al gobierno de Estados Unidos y ambas partes han negociado este acuerdo.
"Nos complace que nuestra cliente reciba una compensación por el abuso emocional y físico que le infligió una agente de patrulla fronteriza", ha dicho la abogada de la ACLU del Norte de California, Angélica Salceda.
“Con demasiada frecuencia, los niños inmigrantes que buscan refugio de traumas y abusos en sus países de origen sufren un maltrato adicional a manos de la CBP. Estos oficiales no están por encima de la ley y los abusos de poder no deben ser tolerados ", añade.
No está claro si el agente, Fernando Saucedo III, enfrentó una orden disciplinaria, o si todavía está empleado por la agencia.