El Gobierno de Trump ha empezado a reemplazar hasta 22 kilómetros (14 millas) de valla fronteriza en San Diego (California), según ha dicho este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Este tramo, financiado con presupuesto del año fiscal 2018, abarcará además una zona al este de Otay Mesa, en San Diego, donde se construyeron los ocho prototipos del muro fronterizo que quiere instalar la actual Administración.
La construcción de 14 millas de barrera secundaria, que incluye el reemplazo de la ya existente, se da días después de que la administración del presidente, Donald Trump, anunciara que se ignorarán disposiciones ambientales para acelerar dicho proyecto.
"Estas dos importantes barreras, en combinación con caminos para patrullaje y tecnología, crean una zona de resguardo para la Patrulla Fronteriza como parte del sistema de muro fronterizo", señalaron autoridades de CBP en un comunicado. También aseguraron que dicha estrategia ha ayudado a "reducir de forma significativa los cruces ilegales en el sector de San Diego".
La nueva barda, de 30 pies (9 metros) de altura, consiste en una barrera de bolardo que permite la visibilidad entre los dos lados de la frontera, y que además cuenta con una placa en la parte superior, para que sea difícil de escalar. La compañía SLSCO Ltd., de Galveston, Texas, obtuvo el contrato de 101 millones de dólares en diciembre, con opciones para 30 millones adicionales.
Los bolardos reemplazan a una segunda barrera que era una verdadera fortaleza cuando fue construida hace aproximadamente una década, pero que en la actualidad es perforada con frecuencia con poderosas sierras eléctricas a la venta en tiendas de artículos para el hogar.
El estado de California y grupos ambientalistas demandaron infructuosamente por los proyectos de muros en el estado, alegando que el gobierno se extralimitó cuando prescindió de las revisiones ambientales con tal de agilizar la construcción. La semana pasada una corte federal de apelaciones refrendó la decisión de un juez que respaldaba al presidente.
La construcción comenzó tres días después de que Trump declaró una emergencia nacional para erigir el muro que prometió en la frontera con México. La Unión Americana de Libertades Civiles interpuso la cuarta impugnación legal a la declaración de emergencia.
Cuando Trump ascendió a la presidencia ya había barreras en aproximadamente una tercera parte de la frontera. Su gobierno ha asignado contratos por 1.000 millones de dólares para construir en 155 kilómetros (97 millas), la mayor parte para reemplazar barreras ya existentes. El trabajo en la primera extensión comenzará más adelante este mes en 22,5 kilómetros del Valle del Río Grande en Texas.