El Condado de San Diego demandará al Gobierno federal por poner en libertad de forma desordenada a numerosas familias migrantes que buscan asilo y que, tras ser procesadas por autoridades federales, son liberadas a su suerte, según ha decidido este martes la Junta de Supervisores, de mayoría republicana, tras una votación a puertas cerradas.
Desde finales de octubre, el Gobierno ha puesto en libertad a familias que solicitan asilo, pero lo ha hecho tan rápido que esas personas ni siquiera han tenido tiempo de hacer arreglos de viaje. Solo les entregaron avisos para comparecer ante una corte de inmigración. Así, las familias terminan a menudo en albergues a cargo de organizaciones caritativas en una situación que presiona los recursos disponibles en las localidades fronterizas.
"La administración Trump creó esta crisis al liberar en nuestras comunidades a familias que buscan asilo sin darles los recursos críticos o incluso lugares para refugiarse", señala en un comunicado la presidenta de la Junta, la republicana Dianne Jacob. La Junta de Supervisores aprobó el pasado 29 de enero el uso de un edificio abandonado como albergue temporal para familias que han llegado a la frontera en búsqueda de asilo político.
Esto ocurrió luego de que se detectaran miles de casos de inmigrantes que una vez procesados por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron dejados en estaciones de autobús u otros sitios públicos, sin ningún tipo de asistencia. En respuesta, voluntarios de la Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRNN) se vieron obligados a instalar un albergue de emergencia para atender la alta demanda. Se estima que en los últimos cuatro meses, la asociación recibió unas 5.200 personas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también intervino y destinó de inmediato un fondo de 5 millones de dólares para apoyar a las asociaciones que brindan techo y otros servicios a refugiados. Autoridades locales y estatales se vieron obligadas a actuar ante el temor de que estos grupos vulnerables fueran presa de organizaciones criminales, enfermedades, o llenaran aún más los albergues disponibles para personas sin hogar.
Nathan Fletcher, el único supervisor demócrata en la junta y uno de los promotores de la iniciativa para abrir un nuevo albergue, insinúa haber apoyado la acción legal en contra del Gobierno federal. La decisión de este martes contrasta con lo votado hace un año, cuando la Junta de Supervisores aprobó con tres votos a favor unirse a la demanda del presidente, Donald Trump, contra de la ley santuario de California.
"El Gobierno federal ha fallado al considerar el impacto de sus acciones en la salud pública y seguridad. La demanda es una acción para que rindan cuentas", concluye la presidenta de la Junta en su declaración. Jacob había adelantado que el litigio busca que el Gobierno cumpla con su deber y "reembolse al Condado y a todas las demás entidades que han gastado dinero en un asunto que es una responsabilidad federal", según el periódico San Diego Union-Tribune.