El Gobierno de Donald Trump aún tiene pendiente de reunir con sus padres a casi un centenar de menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera con México, según un informe presentado este miércoles en una corte federal de San Diego. En cumplimiento de un mandato judicial del pasado junio, la Administración ha reunificado a 2.723 menores de un total de 2.816 afectados por la política de "tolerancia cero" contra la inmigración irregular que motivó la separación de familias. Aún hay 93 niños separados.
El documento no menciona aquellos menores separados antes del mandato de reunificación de la corte, que no están incluidos en los números oficiales, según reveló el pasado enero la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales. La institución calcula que "miles de niños separados" han quedado bajo custodia de la Administración desde 2017, un año antes de que Trump anunciara su política de tolerancia cero. El Gobierno insinúa que la reunificación podría ser imposible, ya que se carece de un sistema para rastrearlos. Hay una audiencia sobre este tema el próximo 21 de febrero.
De este grupo de niños incluido en el informe de este miércoles, que aún continúa bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), unos 44 son hijos de adultos que, tras haber sido deportados, han informado a las autoridades estadounidenses que renuncian a su derecho a la reunificación, por lo que el menor será entregado a algún familiar o tutor.
En el escrito judicial, las autoridades estadounidenses determinaron que 16 menores no fueron separados de sus padres por parte de agentes migratorios, 21 son hijos de progenitores que han sido catalogados como un riesgo y seis niños son hijos de progenitores que se encuentra en Estados Unidos pero han informado de que no buscarán la reunificación. En otros seis casos, el Gobierno determinó que el padre no es elegible para reunificación o el menor "no está disponible" para abandonar el albergue en el que se encuentra, según consta en el informe.
El informe, el primero que se entrega a la corte desde el cierre parcial de la Administración federal que duró más de 30 días, es consecuencia de una demanda contra el Gobierno, entre los que se encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por la separación de familias en la frontera sur.
Los abogados que representan a las familias migrantes afectadas habían expresado su preocupación por otras separaciones que se ejecutaron tras la orden judicial. En el reporte, el Gobierno reconoce que había planes de reunirse con su contraparte para evaluar el tema pero se aplazaron debido al cierre administrativo.
La defensa señaló también durante el proceso que la Administración federal no contaba con un plan para una eventual reunificación de las familias. Abogados del departamento de Justicia (DOJ) indicaron que se ha puesto en marcha nuevas medidas en estos casos, incluyendo "monitoreo e intercambio de información entre las agencias", y que se buscará que dichos datos sean más accesibles para todas las partes involucradas.Por su parte, el equipo legal que representa a los inmigrantes coincide en el informe en que se buscará reanudar dichas negociaciones.