MEXICO – En el último año, alrededor de 70 personas murieron en México cada día, de los cuales, un 60% ocurrieron en el Estado de México, vecino de la capital mexicana, quien encabeza los primeros lugares en homicidios, feminicidios, secuestros y asaltos con violencia, sin embargo, la mayoría de los procesos judiciales se centra en un perfil de delincuentes procesados.
El estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) “Cómo se juzga en el Estado de México” señala que en esa entidad ––que es la más densamente poblada del país––,concluyó que, si se es joven, de sexo masculino y sin antecedentes penales, posiblemente puede ser blanco de acusaciones.
La población detenida es básicamente joven, una amplia mayoría no llega a los 31 años (60.8 por ciento) y dos de cada diez detenidos tienen 22. La mayor proporción corresponde a imputados que al menos han terminado la secundaria. En el 58% tenía la secundaria completa o más años de educación.
La investigación elaborada por Gustavo Fondevila, Máximo Langer, Marcelo Bergman y Alberto Mejía revela que, del total de personas detenidas en el Estado de México, el 91% tenía trabajo como empleados (32%) y comerciantes (22%) mientras de ocho de cada diez personas detenidas fueron imputadas de haber cometido un delito por primera vez.
Además, la mitad de quienes cometen delitos operan por su cuenta mientras que, quienes son parte de una banda, no son perseguida porque “la policía no tiene la capacidad o voluntad” de investigar criminalidad más compleja.
“El estudio nos permite analizar las principales características del proceso en una entidad que opera bajo el esquema acusatorio (que incluye los juicios orales) desde hace algunos años, pues en el Estado de México entró en vigor el nuevo sistema desde 2009”, advirtió Fontevilla.
Las conclusiones apuntan a que, a pesar del cambio del sistema de justicia (al penal) todavía éste se usa esencialmente para procesar delitos de escasa complejidad.
Así, la gran mayoría de los asuntos que ingresan al sistema son derivados de una detención en fragrancia, por robo perpetrado en solitario y que no cuentan con antecedentes penales, lo cual excluye a la delincuencia organizada.
Además, los casos suelen tener errores sin cuestionamiento por parte de los jueces. “Hay poca supervisión de la calidad y la legalidad a los fiscales y policías”, concluye el análisis.
Respecto del derecho básico de contar con una defensa legal efectiva, la mayoría de las personas procesadas judicialmente se le asigna un defensor público en la propia sede judicial en los primeros momentos de la audiencia inicial.