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Una nueva propuesta del Congreso intenta frenar la reforma migratoria de Trump y reabrir el Gobierno federal

Los demócratas presionan para frenar los planes de la Casa Blanca de reformar las 'green cards', el asilo, DACA, el TPS y otras medidas que afectan a inmigrantes.
Trump habla con periodistas el 19 de enero en la Casa Blanca.
Trump habla con periodistas el 19 de enero en la Casa Blanca.AP / AP

La mayoría demócrata que controla la Cámara de Representantes está ultimando una nueva propuesta legislativa con la que alcanzar un acuerdo con el presidente, Donald Trump, que permita reabrir el Gobierno federal tras 32 días funcionando a medio gas por la falta de presupuesto.

La iniciativa aumentaría los fondos destinados a seguridad fronteriza, pero sin permitir la construcción del muro en el que Trump ha centrado su agenda política (hoy ha acuñado un nuevo eslogan electoral: “Construye el muro y el crimen bajará”). En concreto, se destinarían 5.000 millones a esta partida, aunque sin dinero para “nuevas estructuras”, según desvela el diario USA Today citando al congresista Bennie Thompson, que puntualiza que esta medida no incluiría ninguna de las reforma migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

La mayoría republicana en el Senado, liderada por Mitch McConnell, ha pactado con los demócratas someter a votación este jueves otras dos propuestas que podrían reabrir el Gobierno federal, pero que tienen en principio posibilidades limitadas de salir adelante.

Primero se votará una medida impulsada por la Casa Blanca, que incluye 5.700 millones para construir el muro fronterizo y una profunda reforma migratoria. Los demócratas (con 47 de los 100 escaños en el Senado; hacen falta 60 para aprobar la iniciativa) se oponen frontalmente a estas medidas.

Si fracasa, se votaría un medida que los demócratas ya aprobaron en la Cámara de Representantes, y que permitiría reabrir la mayoría del Gobierno federal con dinero hasta el 30 de septiembre, y el Departamento de Seguridad Nacional  sólo hasta el 8 de febrero, para seguir negociando entre tanto sobre seguridad fronteriza.  

Los republicanos (con 53 de los 100 escaños; también hacen falta 60) en principio se oponen mayoritariamente. La Casa Blanca ha evitado esta mañana indicar si respaldará o no la medida en caso de ser aprobada, según su portavoz, Sarah Sanders. Y el presidente ha urgido personalmente a los republicanos a "mantenerse unidos", pues en su opinión el cierre del Gobierno federal está dañando más a los demócratas, aunque algunas encuestas desmienten que eso sea así. 

La propuesta de Trump incluye una partida de 5.700 millones para construir el muro, pero también para contratar a 750 agentes de la Patrulla Fronteriza y 2.000 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés); y a 75 jueces migratorios; y para aumentar las celdas para indocumentados.

Además, permitiría a los cerca de 700.000 soñadores (jóvenes llegados al país ilegalmente de la mano de sus padres cuando eran niños) ahora protegidos por la Acción Diferida de Llegados para Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) volver a aplicar para permanecer en el país tres años más, aunque deberían cumplir condiciones más duras.

Aquellos nacidos después del 15 de junio de 1981; que entraron al país antes de los 16 años y llevan viviendo aquí desde el 15 de junio de 2007 hasta el presente; que están estudiando, se han graduado o han pasado por el Ejército; no han sido condenados por un delito, una falta grave o tres faltas leves, ni son pandilleros o una amenaza para la seguridad, tendrán derecho a aplicar, tras pagar las tasas, para conseguir extender su permiso de trabajo y residencia tres años no renovables.

Tendrían que demostrar sin embargo que tienen unos ingresos (un 125% por encima del umbral de la pobreza), y que no son una carga pública (es decir, que no reciben ayuda pública médica, educativa, de vivienda, etcétera), dos requisitos que hasta ahora no estaban incluidos en DACA; y les impediría, entre otras cosas, intentar conseguir la residencia permanente por otra vía.

DACA sigue por ahora en vigor, pese a que Trump decidió acabar con este programa en septiembre de 2017, porque cortes federales han anulado esa decisión; la Corte Suprema ha decidido no entrar a juzgar todavía el asunto, lo que permitirá al programa seguir en vigor al menos 10 meses más.

La nueva medida impediría además a los menores centroamericanos pedir asilo en la frontera, lo que “reduce el incentivo para que hagan este peligroso viaje”. Así, todos aquellos que huyen desesperado de la violencia se encontrarían la puerta cerrada. En su lugar, se pondría en marcha una vía para que pudieran solicitar asilo desde El Salvador, Guatemala y Honduras, para viajar a Estados Unidos bajo tutela de padres o tutores cualificados. La prohibición de pedir asilo en la frontera sería inmediata, pero este nuevo sistema tardaría al menos ocho meses. Además, sólo permitiría 50.000 solicitudes al año, de las que se admitirían únicamente 15.000. En el año fiscal de 2018 se interceptó en la frontera a 50.000 menores no acompañados (en 2017 fueron 41.435).

Aquellos inmigrantes que van a perder, por decisión de Trump, el estatus de protección temporal podrían también intentar conseguir una extensión de tres años más (entre ellos, 2.500 nicaragüenses, 86.000 hondureños, y 257.000 salvadoreños), con unos criterios similares a DACA; como a estos, se les prohíbe aplicar de otra forma a una green card, so riesgo de quedar desterrados para siempre del país.