La Corte Suprema de Estados Unidos optó el martes por mantenerse al margen de la batalla legal sobre el futuro de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), por lo que el programa seguirá vigente por al menos 10 meses. Los servicios migratorios deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio y entregando permisos de trabajo.
Aún si la Corte decide tomar el caso más adelante podría tomar meses. Casos aceptados por la Corte en las próximas semanas no serán discutidos hasta el próximo período, que comienza en octubre.
El programa fue implementado por expresidente Barack Obama mediante orden ejecutiva. Ampara de la deportación a más de 700,000 personas que llegaron al país como niños conocidos como Dreamers si eran menor de 16 años y entraron al país para 2007.
El entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la cancelación del programa en 2017 argumentando que se violó la Constitución con su implementación y debería ser el Legislativo el que busque una solución. Pero cortes federales en San Francisco, Nueva York y Washington D.C. bloquearon el intento de eliminar DACA.
En enero de 2018 un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa.
El Ejecutivo apeló entonces ante el Supremo para que se posicionara al respecto, pero este consideró que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones.
Estos tribunales de apelaciones no se han posicionado aún, razón por la que Trump ha argumentado en los últimos meses que no se están cumpliendo las condiciones previstas y que debería ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución "definitiva".
El Gobierno del presidente Trump solicitó en noviembre al Supremo que evaluara los distintos casos sobre la cancelación del mandatario de DACA.
Al Supremo rechazar la petición supone un golpe para la Casa Blanca.
El presidente Trump presentó el sábado una oferta para acabar con el cierre parcial de la Administración, que inició el pasado 22 de diciembre, que incluya una cláusula que otorgue a los Dreamers tres años más de amparo a cambio de 5.700 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. Pero los demócratas rechazaron frontalmente esta idea.