Una lata de atún a $3,25 dólares, un tubo de pasta dental a 11 y un jabón a $2,44: esos son algunos de los precios que cobran las tiendas de los centros de detención privados donde son recluidos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Duglas Cruz, un inmigrante hondureño retenido durante ocho meses en el Centro de Detención Adelanto en California, fue uno de los miles afectados por los precios exorbitantes de los artículos de primera necesidad.
Decidió trabajar en la cocina de la cárcel, donde el salario es un dólar diario. Y se vio en la disyuntiva de decidir entre un pequeño desodorante ($3.35) y una lata de atún para suplementar la magra dieta que recibía.
"Si compraba eso [el desodorante], no habría tenodo suficiente dinero para la comida", dijo a CNBC.
La industria de prisiones con fines de lucro de los Estados Unidos se ha disparado en las últimas dos décadas. En 2016, 128.300 personas -1 de cada 12 prisioneros-, fueron encarceladas en confinamientos privados, un aumento del 47 por ciento en comparación con el 2000, según la Oficina de Estadísticas de Justicia.
Geo Group -que gestiona el Centro de Detención Adelanto- y CoreCivic poseen más de la mitad de los contratos de prisiones privadas, lo que les reportó ingresos combinados de casi $ 4 mil millones en 2017. ICE es el principal cliente de ambas compañías.
Las políticas migratorias de Trump las han beneficiado debido al incremento de las detenciones de inmigrantes, que son enviados a sus instalaciones. Las acciones de ambas también aumentaron un 30% desde la toma de posesión del magnate neoyorquino.
El gobierno paga a las compañías privadas de prisiones tarifas diarias que oscilan entre $60 y $ 130 por el cuidado y alimentación de cada detenido.
Inmigrantes y activistas alegan que esas compañías escatiman deliberadamente productos esenciales, incluso comida, para obligar a los detenidos a trabajar por centavos de una hora, lo que reduce sus propios costos operativos.
Además, cobran altas tarifas -el 10%- al envío de dinero de sus familiares que solo puede ser usado en la tienda del centro de detención. Las llamadas a México, por ejemplo, se cobran a 1 dólar por minuto, cuando en el resto de EEUU cuestan escasos centavos o son gratuitas.
Geo Group alega que ICE tiene un contrato con un proveedor externo de telecomunicaciones y que la empresa no tiene "ningún rol en los servicios de comunicaciones".
Las quejas están en el centro de una demanda colectiva presentada el año pasado por el Southern Poverty Law Center contra el centro CoreCivic de Nashville, el segundo operador de prisiones con fines de lucro más grande del país.
El demandante principal, Wilhen Hill Barrientos, de 67 años, alega que los guardias le dijeron que "usara sus dedos" cuando pidió papel higiénico en el Centro de Detención Stewart, ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia. Denunció que trabajaba 7 días a la semana en las instalaciones para comprar productos de higiene y tarjetas telefónicas para llamar a sus familiares en Guatemala.
Los ingresos de ese centro de detención fueron de $ 38 millones el año pasado, según registros judiciales.
Otros grupos de derechos de los inmigrantes han presentado demandas similares contra CoreCivic y Geo Group en California, Colorado, Texas y Washington.
La situación también ha causado preocupación en miembros del Congreso. En noviembre, 11 senadores enviaron cartas a Geo Group y CoreCivic criticando el "incentivo de ganancias perversas en el núcleo del negocio de las prisiones privadas".
Los senadores citaron un informe de diciembre de 2017 de la Oficina del Inspector General que encontró alimentos en mal estado, enmohecidos y caducados, y citó las quejas de los detenidos de que los productos de higiene "no se proporcionaron con prontitud".
Geo Group dijo que prepara una respuesta completa y detallada a la carta y declaró a Reuters que "ya ha tomado medidas para remediar las áreas donde nuestros procesos no cumplieron con nuestro compromiso con una atención de alta calidad".
El portavoz de Geo Group, Pablo Páez, asegura que los detenidos reciben comidas aprobadas por dietistas, que el programa laboral es estrictamente voluntario y que las tasas salariales son obligatorias a nivel federal.
También dijo que Geo Group cobra una "comisión mínima" sobre artículos de la tienda, la mayoría de los cuales se destina a un fondo para comprar equipo recreativo y otros artículos para detenidos.
Por su parte, la portavoz de CoreCivic, Amanda Gilchrist, dijo que la compañía no está de acuerdo con las afirmaciones de los senadores y que proporciona "todas las necesidades diarias" a los detenidos.