El Gobierno que preside Donald Trump ha admitido este jueves que separó a miles de niños de sus padres inmigrantes en la frontera durante meses, a muchos más de los que se creía hasta ahora y desde antes de que se pusiera en marcha oficialmente la política de tolerancia cero. Y muchos de ellos nunca fueron devueltos a sus padres, sino que fueron puestos en manos de familias de adopción.
El entonces fiscal general, Jeff Sessions, ordenó el 6 de abril de 2018 a los fiscales que procesaran como criminales a todos los inmigrantes que cruzaran la frontera sin permiso. Sessions defendió luego que esa iniciativa (que estuvo en vigor del 5 de mayo al 20 de junio) sirvió como arma de disuasión, aunque las cifras de detenidos en la frontera en los últimos meses parecen desmentirle.
La principal consecuencia fue la separación de familias (los padres eran encarcelados a la espera de juicio, y los niños encerrados solos en centros de detención), que causó tal revuelo social que Trump firmó el 20 de junio una orden para frenar estas separación. Seis días después, un juez federal ordenó al Gobierno frenar esta política y devolver a los niños a sus familias.
El Departamento de Seguridad Nacional admitió haber separado a 2.737 menores, pero un informe difundido hoy por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud (que es quien se encarga de los menores llegados ilegalmente al país, una vez que son interceptados por las autoridades migratorias) indica que pudieron ser miles más y durante más tiempo del hasta ahora admitido por el Gobierno.
La mayoría de menores fueron devueltos a sus familias, pero algunos fueron deportados solos o entregados a familias de adopción. El Gobierno ya reconoció en octubre que no estaba preparado para poner en marcha la política de tolerancia cero, y cometió gravísimas irregularidades que sufrieron los menores.
El informe del Departamento de Salud difundido hoy asegura que ya en verano de 2017 había observado un incremento de los niños separados de sus familias en la frontera que llegaban bajo su custodia. Estima que puede haber miles de menores afectados antes de la orden del juez, e incluso 118 más que llegaron después de la orden judicial, entre el 1 de julio y el 7 de noviembre. De hecho, admite que aún está intentando de identificar a más niños que pudieron verse afectados por esta política.
Los niños que resultaron afectados antes de la puesta en marcha de la política de tolerancia cero, y que por tanto no fueron identificados ante la corte, no fueron devueltos a sus familias porque no se vieron afectados por la orden del juez; así, el informe reconoce que fueron puestos en manos de sponsors (familias, amigos, o incluso desconocidos) en vez de ser devueltos a sus padres. Además, el informe reconoce que los menores que fueron separados no de sus padres sino de otros familiares (tíos, abuelos, etcétera), nunca fueron devueltos porque no se consideraron afectados por la orden del juez.