Un juez federal de Nueva York ha bloqueado temporalmente el intento del Gobierno que preside Donald Trump de incluir una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado en el censo de 2020.
El magistrado, Jesse Furman, considera que, aunque la iniciativa puede ser constitucional, no se ha seguido el procedimiento reglamentario por parte del Departamento de Comercio, que en su opinión ha actuado de forma arbitraria.
Esta decisión no es sin embargo definitiva; hay otro caso en marcha en California, después de que una docena de estados y asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes hayan denunciado la iniciativa del Gobierno, asegurando que puede asustar a los indocumentados y dejarlos fuera del censo, lo que dañaría las políticas federales y estatales que afectan a todos los estadounidenses.
La Corte Suprema debe decidir sobre este asunto en febrero.
Preguntar sobre el estado migratorio de los encuestados reduciría el porcentaje de latinos y de inmigrantes en general que responderían al cuestionario, explicó el experto universitario Colm O'Muircheartaigh la semana pasada durante el juicio sobre este asunto en San Francisco. Esto afectaría al reparto de fondos federales e incluso a la representación en el Congreso en estados en los que, como California, los latinos e inmigrantes suponen un alto porcentaje de la población.
El Departamento de Justicia ha defendido sin embargo que el censo toma medidas para evitar estos errores, incluidas visitas en persona, de forma que aquellos hogares que responden a otras preguntas pero no a ésa también sean tomados en consideración.