Un juez federal de California, Haywood Gilliam, ha bloqueado este domingo las reglas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, las cuales permitirían que más compañías decidieran dejar de proporcionar métodos anticonceptivos gratuitos, que iba a entrar en vigor en 13 estados y en Washington D.C.
Los demandantes pretendían evitar que las reglas entraran en vigor este lunes como estaba programado mientras la demanda continúa su proceso legal, pero Gilliam limitó el alcance de su decisión a los estados denunciantes (Califonia, 12 estados más y Washington D.C.) y rechazó la solicitud de que se bloqueen las reglas a nivel nacional.
Los cambios permitirían que más empleadores, incluidas las empresas que cotizan en bolsa, decidan no proporcionar cobertura de anticonceptivos gratuita a las mujeres al reclamar objeciones religiosas. Algunos empleadores privados también podrían rehusarse por motivos de tipo moral.
“La ley no puede ser más clara: los empleadores no deben interferir en las decisiones de salud de las mujeres”, dijo el secretario de Justicia de California, Xavier Becerra, en un comunicado.
California y los otros estados argumentan que las mujeres se verían obligadas a recurrir a programas financiados por el estado para obtener métodos de control natal y tendrían embarazos no deseados.
“El fallo de la corte frena hoy un nuevo intento por parte del gobierno del presidente Trump por obstaculizar el acceso de las mujeres a los cuidados reproductivos básicos. Estamos en 2019, y sin embargo el gobierno de Trump sigue intentando malograr los derechos de las mujeres. Nuestra coalición seguirá luchando para garantizar que las mujeres tengan acceso a la atención de salud reproductiva que les garantiza la ley”, agrega Becerra.
El Departamento de Justicia federal señaló en documentos presentados ante la corte que las reglas “protegen a una estrecha clase de opositores sinceros por motivos morales y religiosos de verse obligados a facilitar métodos que van en contra de sus creencias”.
El punto central de la disputa es un requerimiento incluido en la ley de salud del presidente Barack Obama de brindar cobertura de anticonceptivos sin costo adicional, la cual incluía exenciones para las organizaciones religiosas. El gobierno de Trump amplió dichas exenciones y añadió “convicciones morales” como base para decidir no proporcionar servicios de control reproductivo.
Gilliam dijo el viernes en una audiencia que los cambios afectarían a un “número importante” de mujeres que perderían cobertura de control de natalidad, lo que resultaría “un cambio radical de política”.
El juez había bloqueado previamente una versión provisional de esta nueva regla, decisión que fue ratificada por un tribunal de apelaciones en diciembre pasado.