María Campos llegó a Estados Unidos en 1999 con un visado de turista y se quedó. Dejó México en busca de una oportunidad y aquí se enamoró y terminó casándose con Gerónimo, un ciudadano estadounidense. Desde hace nueve años, intenta conseguir la ciudadanía merced a ese matrimonio, pero ahora el tiempo se le agota: su marido se está muriendo.
“Parte de los motivos por los que creemos que ella puede obtener una green card en Estados Unidos requiere que su marido esté vivo”, asegura su abogado, Lance Curtright, a la emisora News4 en San Antonio (Texas). “Por eso estamos intentando desesperadamente que su caso llegue ante un juez”, añade, “el problema es que las cortes no funcionan porque no tienen dinero”.
El Gobierno federal lleva 21 días parcialmente cerrado por el pulso entre Donald Trump y la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. El presidente exige 5.700 millones de dólares para su muro fronterizo, pero el Congreso sólo está dispuesto a aprobar 1.200 millones.
Más de 800.000 funcionarios se han quedado sin sueldo, y multitud de servicios federales han dejado de funcionar. Entre los que se han visto afectados están las cortes de inmigración, empeorando el retraso de 800.000 casos pendientes que acumulaban ya, a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia (de quien dependen estas cortes) ha decidido reactivar, según el último recuento de la Universidad de Syracuse.
Muchos de los casos que debían examinarse durante estos días han quedado “pospuestos prácticamente de forma indefinida”, explica la juez Dana Leigh Marks, ex presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, y se verán retrasados “durante años”, hasta encontrar una nueva fecha libre.
La muerte del cónyuge puede ser un problema grave cuando el proceso para conseguir la residencia permanente depende del matrimonio. La jamaicana Osserritta Robinson decidió quedarse en Estados Unidos después de que su marido falleciera en octubre de 2003 en un accidente en la ciudad de Nueva York. Pero su petición fue rechazada porque su esposo, que era estadounidense, había fallecido antes de que se cumpliera el plazo de dos años casados que estipula la ley, según informa el diario The New York Times, que contabilizó casi 200 casos similares.
Recientemente la viuda de un inmigrante asesinado en un crimen de odio vio desvanecerse su solicitud para obtener la residencia permanente tras el fallecimiento de su marido, e incluso tuvo que luchar para evitar la deportación.