Los alguaciles que escoltan desde una cárcel en Manhattan hasta un tribunal en Brooklyn (Nueva York) al hombre considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, Joaquín, El Chapo, Guzmán, pronto pondrán en riesgo su vida sin recibir paga. Estos guardias armados se encuentran entre los cerca de 800,000 trabajadores federales que, como consecuencia del cierre parcial del gobierno, se quedan este viernes sin cobrar, según informa NY Daily News.
Gracias a las tarifas que cobra el tribunal federal y otras fuentes de financiación, el sistema judicial de los Estados Unidos no clausuró sus puertas cuando comenzó el cierre del Ejecutivo el pasado 22 de diciembre, por el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los demócratas por la construcción de un muro en la frontera con México. Pero según este diario, los alguaciles no recibirán este viernes su primer cheque quincenal del año porque el presupuesto del tribunal ya se habrá agotado.
Los alguaciles de EE. UU. han tenido una fuerte presencia en este tribunal de Brooklyn durante casi dos meses. Además de vigilar al acusado narcotraficante, que escapó dos veces de cárceles de alta seguridad en México, los comisarios también protegen personalmente a los 12 jurados anónimos del juicio y a los cuatro suplentes.
Estos se encuentran entre los cerca de 3,600 alguaciles de EE. UU. que trabajan sin remuneración en todo el país y que también se encargan de los perros detectores de explosivos asignados a la corte para el caso de El Chapo.
“Solo algunos miembros de los alguaciles de EE. UU., están autorizados y tienen la obligación de realizar servicios oficiales durante un cierre del gobierno", apunta Drew Wade, un portavoz del servicio de alguaciles en un comunicado según recoge NY Daily News. “Los alguaciles continuarán protegiendo a corte y a otros”, añade.
David Sellers, un portavoz de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos, apunta según este diario que el viernes no se producirá un corte absoluto, ya que el poder judicial federal ha estado "retrasando o aplazando los gastos" en un esfuerzo por estirar los fondos disponibles.
Muchos casos civiles ya se han pospuesto, no es el caso del juicio de Guzmán que se encuentran entre los "esenciales para la seguridad de la vida humana y la protección de la propiedad" y de conformidad con la Ley de Juicios Rápidos.