Guatemala ha entrado en una crisis política tras la decisión de su presidente, Jimmy Morales, de dar por terminado un acuerdo de su país con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el funcionamiento de un tribunal internacional con el mandato de investigar a los cuerpos de seguridad ilegales y ciertos actos de corrupción dentro del Gobierno.
El futuro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se mantiene incierto, pero este miércoles la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la decisión “anticipada y unilateral” de Morales, tras nueve horas de deliberación, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.
La decisión de la Corte se conoció horas después de que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país porque, según indicaron, el Estado guatemalteco no garantizaba su seguridad.
En un comunicado de prensa el gobierno dijo que aún no ha sido notificado del fallo pero que una vez la reciba, ésta será analizada y evaluada y “se dará a conocer la postura oficial del gobierno”.
No es la primera vez que los desacuerdos entre la CICIG y Morales han quedado en evidencia. En el pasado, el presidente desobedeció fallos judiciales que amparaban a funcionarios de la CICIG. Por ejemplo, cuando su Gobierno intentó retirar las visas de los funcionarios o cuando prohibió al titular de la comisión, Iván Velázquez, ingresar al país, bajo el argumento de que la constitución lo facultaba para manejar la política exterior.
Pero la discordia en la relación no fue siempre la norma. Cuando Morales, un actor de comedias televisivas sin experiencia política, lanzó su campaña presidencia en 2015 prometió que respetaría la independencia del tribunal internacional, instalado en su país en 2006.
La comisión fue creada para “investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos”, según explica este organismo en su página oficial en internet.
La CICIG funciona como un órgano independiente del Gobierno, financiado por la ONU y que se rige bajo las leyes de guatemaltecas. El origen de la comisión fue la necesidad de mantener un control sobre los grupos paramilitares que surgieron a lo largo de los 36 años de la cruenta guerra civil que dejó más 200.000 muertos en este país de Centroamérica.
Entre los logros destacados de la CICIG se incluye el caso de La Línea en 2015, una investigación a un red de corrupción multimillonaria encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina, quien actualmente está preso.
Al inicio de su mandato Morales firmó un documento que extendía la vigencia de esta comisión hasta septiembre de 2019. Pero este lunes, sin anticipación alguna, el presidente canceló el acuerdo, luego de varios años de desavenencias con la Comisión. Quizá se puede trazar el inicio de los conflictos con su administración a la decisión de la CICIG de investigar a
Los problemas con el Gobierno de Jimmy Morales empezaron cuando la Comisión comenzó a investigar a su familia por violaciones a las leyes de financiamiento de las campañas electorales.
“Mi hermano y mi hijo se pusieron a disposición de las autoridades para ejercer su derecho de defensa y presunción de inocencia, pero en enero de 2016 con uso total y brutal de la fuerza, cien elementos con fusiles de alto impacto entraron a hacer un arresto a casa de mi hermano”, dijo Morales a la prensa guatemalteca en 2016.
El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo a The Associated Press que las autoridades están obligadas a obedecer y cumplir el fallo de la Corte.
“Si no cumple es otra cosa y ya sería un golpe de Estado, porque la piedra angular del Estado de derecho es el respeto de las resoluciones judiciales”, señaló.
Minutos después de emitido el fallo aparecieron al menos cuatro carteles en varios puntos de la ciudad en los que se veían los rostros de los cuatro magistrados con la leyenda “Traidores a la Patria”. Poco después se conoció que la Corte Suprema de Justicia analizará el miércoles una solicitud de retiro de inmunidad de los cuatro magistrados constitucionales.
El martes los gobiernos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza, el Reino Unido, la Unión Europea, Noruega y los Países Bajos expresaron su preocupación en un comunicado.
“Es importante que el gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la separación de poderes”.