Descargas eléctricas, intentos de asfixia con bolsas de plástico y cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, son algunos de los tratos a los que fueron sometidos efectivos militares, civiles y sus familiares acusados de conspirar contra el gobierno del presidente venezolanos Nicolás Maduro, según dos prominentes organizaciones defensoras de derechos humanos.
En el informe, presentado por Human Rights Watch (HRW) y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, se analizan 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas, incluyendo efectivos militares y civiles así como también parientes de los sospechosos con la meta de obtener su paradero.
El reporte fue difundido mientras aumenta la presión internacional sobre Maduro, quien planea iniciar el jueves un segundo mandato que Estados Unidos y al menos una docena de países en el continente consideran ilegítimo.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “En algunos casos también van por sus familias u otros civiles cuando no pueden encontrar a los sospechosos”.
El documento señaló que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) practicaron la mayoría de los arrestos.
Los detenidos denunciaron abusos tales como palizas brutales, asfixia, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
Al teniente Luis Alejandro Mogollón Velázquez lo detuvieron cuando estaba trabajando en la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas, indica HRW. Los funcionarios de inteligencia militar buscaban presuntamente a un hombre que se apellida Mogollón Medina, y a pesar de que Mogollón Velázquez advirtió que su nombre no coincidía con el hombre que buscaban, fue esposado a una silla por nueve días.
El teniente denuncia que fue golpeado, colgado de un techo sujetado de las manos y los pies mientras le pedían información de personas de su equipo, dijo su abogada a HRW. Un tribunal militar lo acusó de traición a la patria, rebelión militar a instigación a la rebelión. Su audiencia prelimina, donde el fiscal debe presentar pruebas en su contra, dice HRW que se ha postergado 26 veces. Tampoco se respondió a un pedido de cuidados médicos adecuados para el teniente que padece de hipertensión, secuelas de una fractura de cráneo y tuvo cáncer.
Entre los civiles torturados está un taxista de 46 años al que se le identifica bajo el pseudónimo de Juan Antonio Gómez.
El taxista denuncia en una carta a sus abogados que agentes irrumpieron en su casa acusándolo de ayudar a Oscar Pérez, “un policía insubordinado que habría sido ejecutado extrajudicialmente luego de oponerse al gobierno venezolano”, según HRW.
Gómez dice que fue golpeado en su casa y llevado a la sede de la DGCIM, donde continuó la tortura incluyendo cortes en los pues con hojillas. A su esposa, quienes los agentes llamaron “perra”, también la golpearon.
El taxista fue acusado ante un juez militar de “traición a la patria, rebelión y robo de arma de las Fuerzas Armadas”, dijeron los abogados de Foro Penal que lo representan. Su caso sigue en trámite.
HRW indica que la información reflejada se recopiló de primera mano. Investigadores llamaron desde el extranjero a personas residentes en Venezuela, o entrevistaron a militares y sus familias cuando ya habían salido del país. Abogados de Foro Penal ejercieron la representación legal de algunos detenidos en audiencias judiciales.
Desde 2014, Human Rights Watch ha documentado más de 380 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores al gobierno, incluyendo al menos 31 casos de tortura en Venezuela. Más de 12.800 personas han sido arrestadas desde 2014 en relación con protestas antigubernamentales, incluyendo al menos 800 civiles enjuiciados por tribunales militares desde 2017, según el Foro Penal.
Pero las organizaciones denuncian que ningún funcionario de alto rango ha sido sancionado hasta el momento.
La agencia de noticias AP solicitó una respuesta al Ministerio de Relaciones Interiores, sin obtenerla de inmediato. Las autoridades venezolanas han rechazado denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos.