El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ha comunicado en las últimas semanas una serie de cambios que afectan a todos los inmigrantes, legales o indocumentados, en Estados Unidos. Éste es un resumen de los más importantes:
Ciudadanía mediante matrimonio. USCIS advirtió en octubre que aquellos inmigrantes que pretendan solicitar la ciudadanía por su matrimonio con un estadounidense no sólo deben estar casados sino además “vivir en unión marital” por lo menos desde tres años antes de tomar juramento de lealtad. Estos son el resto de requisitos. Además, USCIS ha revisado los procedimientos para conseguir la residencia permanente tras la boda, eliminando a partir del 10 de diciembre la necesidad de una entrevista personal si el agente de la necesidad de hacer una entrevista si el agente de inmigración tiene suficientes pruebas de que el matrimonio es legítimo, no hay dudas complejas o sospechas de fraude, o si el extranjero ya ha sido entrevistado anteriormente.
Cómo evitar errores que arruinan el proceso migratorio. USCIS publicó el 2 de enero una calculadora en Internet para que los inmigrantes conozcan el importe a pagar al presentar sus formularios para lograr un permiso de trabajo, solicitar el visado a un familiar o pedir la ciudadanía, entre otros procesos. Los errores en el pago “son una causa constante de rechazo” de solicitudes, según la agencia federal. Recuerde además cumplir con los plazos y requisitos a pies puntillas.
Cambio en el examen médico para la residencia permanente. Desde el 1 de noviembre, el formulario I-693 para lograr la green card debe ser firmado por un médico autorizado por USCIS como máximo dos meses antes de ser presentado, y tiene validez durante dos años desde la fecha de la rúbrica.
La deportación, más rápida y sencilla. Un nuevo protocolo expande los motivos por los que puede emitir un aviso para comparecer (en inglés, Notice to Appear, abreviado NTA) ante una corte de inmigración, iniciando así el proceso de deportación. Desde el 1 de octubre, USCIS puede emitir un NTA directamente cuando deniega una aplicación I-485 (para residencia permanente) o I-539 (para ampliar la estancia o cambiar el estado de extranjeros no inmigrantes). Y desde el 19 de noviembre puede hacer lo mismo cuando deniegue una aplicación I-914/I-914A (para víctimas de tráfico de personas) I-918/I-918 (para víctimas de un crimen); I-360 (para ameriasiáticos, viudas, víctimas de maltrato por parte de ciudadanos, o emigrantes especiales); I-929 (para familiares de víctimas de un crimen); y I-730 (para refugiados y asilados).
Además, desde el 11 de septiembre, USCIS puede rechazar las peticiones de visado incluyen una equivocación, en vez de dar la oportunidad de aclarar o subsanar el error, como hacía hasta entonces. La denegación de visados se ha multiplicado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y podría empeorar cuando se apruebe la medida que restringe la concesión de visados a aquellos inmigrantes que se beneficien de ayudas sociales (alimentos, vivienda, etcétera). Este castigo de “carga pública” podría afectar a hasta 7,5 millones de inmigrantes. Además, ahora el Departamento de Seguridad Nacional revisa las redes sociales de los inmigrantes en busca de motivos para denegar sus peticiones.
Los visados y el asilo, más difíciles de conseguir. USCIS ha modificado las condiciones del visado H-1B para trabajadores cualificados, endureciendo los requisitos; además, ha cambiado el sistema de lotería para primar a los inmigrantes con estudios de posgrado. La agencia federal está ultimando un cambio que despojaría de visado de trabajo (el H-4) a los cónyuges de los inmigrantes con visado H-1B.
El Gobierno ha aprobado también una serie de cambios para endurecer su política migratoria que están todavía en discusión en las cortes: ha eliminado la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que protege a 800.000 soñadores, aunque la decisión final la tomará la Corte Suprema en los próximos meses; ha quitado el derecho al asilo a aquellos inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente, aunque la justicia también ha paralizado cautelarmente este medida; y ha intentado quitar ese derecho también a los solicitantes que denuncien violencia doméstica o de pandillas, aunque un juez ha revertido esa decisión.