Mario Victoria Vásquez fue condenado por abusar sexualmente de una niña y pasó 17 años en prisión antes de que el estado de Wisconsin admitiera que era inocente y le pusiera en libertad. Chris Ochoa fue amenazado con la pena de muerte por la policía para arrancarle una falsa confesión de asesinato, y pasó 12 años en la cárcel en Texas antes de que la justicia aceptara que el culpable era otro. Son sólo dos casos de las cientos de condenas erróneas que se acumulan en Estados Unidos, y que afectan también a los latinos. Y son dos casos afortunados: aunque tarde, demasiado tarde, Vásquez y Ochoa fueron liberados y pudieron probar su inocencia. Alejandro Pérez, en cambio, tuvo que cumplir su condena. Y luego fue deportado. Ésta es su historia.
“Empezó a vomitar, vomitar y vomitar; la limpie y ya de repente como que se desmayo, su cuerpecito se puso muy débil, y pues yo me asuste”, explica Pérez, de 36 años, en su casa de San Rafael Agua de Pescadito, un pueblito en los cerros del estado mexicano de Oaxaca. Su memoria vuelve al 1 de febrero de 2003, cuando su hija Alejandra enfermó mientras la cuidaba después del trabajo. Sin saber cómo reaccionar, salió a la calle a pedir ayuda, y alguien terminó llamando al teléfono 911 de emergencias. Alejandra fue llevada a un hospital, pero su padre acabó en prisión.
Los médicos sospecharon que la niña , de sólo seis meses de edad, sufría el síndrome de bebé sacudido (SBS, en inglés), que pese a su nombre no es una enfermedad sino una grave forma de abuso físico que consiste en agitar a un niño por sus hombros, brazos o piernas, quizá en un ataque de rabia, frustración o estrés. “No es sólo un crimen, es un asunto de salud pública: el SBS que termina en heridas en la cabeza es la principal causa de muerte por abusos infantiles en Estados Unidos”, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
En comisaría, Alejandro Pérez fue interrogado por la policía sin ayuda de un abogado o de un traductor, según denuncia. “Me llevaron al condado de Jefferson y de ahí ya no supe nada de lo que pasó con mi bebé, lo único que supe es que falleció”, explica Pérez. Cuando tuvo acceso a un abogado de oficio, éste le recomendó llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio que podría llevarle a prisión para el resto de su vida. “Yo no sé nada de ley, y a mí me están acosando de muerte, y yo no hice nada a mi bebé”, explica ahora Pérez, “entonces yo agarré los 20 años e hice mis 15 años dentro y cinco de probación”.
“Hubo una serie de faltas y esas faltas llevaron a esta condena injusta”, asegura Cristina Bordé, abogada del Wisconsin Innocence Project, un grupo universitario que cada año investiga una posible condena errónea y que ya ha logrado la liberación de 30 personas. Desde el año 1989, se han registrado al menos 2.360 exoneraciones de presos erróneamente condenados en Estados Unidos, según The National Registry of Exonerations. Eso equivale a 20.645 años perdidos en la cárcel por personas inocentes. El 12% de los afectados era hispano.
En el caso de Pérez, la culpa fue de la policía “por no investigar como debieron investigar”, afirma Bordé, pero también del abogado defensor y “de los médicos por no mirar otras causas que hubieran podido llevar a la sangre que vieron a esta niña”.
Durante años, la teoría médica establecía que la combinación de tres síntomas (hemorragias en los ojos, e inflamación y sangrado en el cerebro) indicaba de forma ineludible un caso de síndrome de bebé sacudido. En la actualidad, sin embargo, médicos y forenses aceptan que puede haber otras causas para estos síntomas (por ejemplo, una caída desde corta altura).
A petición del Wisconsin Innocence Project, el doctor cuyo diagnóstico sirvió para condenar a Pérez hace 15 años aceptó revisar el caso. “He cambiado mi opinión”, afirmó, “ahora ya no puedo excluir la posibilidad” de que no fuera Pérez quien matara a la bebé. Según el doctor, el fallecimiento pudo deberse a asfixia, neumonía o incluso muerte súbita, en vez de un asesinato. Pero ahora ya era demasiado tarde.
“Si todas esas cosas hubieran sido diferentes, Alejandro no hubiera pasado 15 años en la cárcel”, afirma la abogada, “por, se supone, matar a su hija la cual nunca mató, la cual siempre quiso y adoró y que todo el mundo dice siempre fue la luz de su vida”.
Ya en México, Pérez intenta rehacer su vida pero le puede la tristeza: “Yo la iba a mandar a la escuela, iba a ser todo por ella; pienso en ella todos los días, y hay veces que cuando duermo hablo con ella”.