Una de las irónicas consecuencias del cierre parcial del gobierno, que comenzó hace 13 días tras la exigencia del presidente Donald Trump de más de 5,000 millones de dólares para financiar un muro fronterizo, es que los mecanismos federales para controlar la inmigración en Estados Unidos se están viendo afectados. Es el caso de E-Verify, un programa federal que busca impedir que los migrantes trabajen ilegalmente. También afecta a las cortes migratorias, la mayoría cerradas, y los agente de la Patrulla Fronteriza, que no cobrarán.
Así, si los empleadores estadounidenses quieren verificar en E-Verify si sus candidatos a trabajadores son elegibles, no pueden. La base de datos "no está disponible actualmente debido a un lapso en las asignaciones del gobierno", dice una nota de esta web federal del pasado 22 de diciembre, fecha de inicio del cierre del gobierno. Los empresarios puede meterse en problemas si no comprueban el estatus del trabajador. Por ejemplo en Arizona, que es uno de los varios estados obligados a usar este sistema.
Según informa NPR, para la abogada especializada en derecho laboral y de inmigración Julie Pace esta situación es un ironía. "Tenemos un muro electrónico con E-Verify que debe utilizarse, pero que el gobierno no ha financiado", dice. Pero esta es solo una de las consecuencias del cierre parcial que afectan al sistema de inmigración.
Por otro lado está el caso de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Estos están trabajando pero no se les pagará hasta que finalice la parálisis del Ejecutivo. A esta situación se suman decenas de miles de agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Están enojados, tienen miedo", cuenta Tony Reardon, jefe del Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional, que representa a unos 30,000 oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. "Están haciendo el trabajo de este país, sin saber si van a poder poner comida en la mesa", apunta Reardon. "Nunca he visto la moral tan baja".
Además, la mayoría de las cortes migratorias están cerradas, lo que empeorará aún más un retraso de más 800.000 casos pendientes. Según informa este medio, los jueces con casos en los que los indocumentados están bajo arresto siguen trabajando aunque sin sueldo, pero el resto de funcionarios ha sido enviados a su casa. Así, los casos quedan pospuestos prácticamente de forma indefinida. “Nunca hemos tenido una situación tan grave” , según ha dicho a este medio la magistrada Dana Leigh Marks, ex presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.