Cientos de niños inmigrantes que llegaron solos a la frontera en Tijuana con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos se ven obligados a pasar los días encerrados en refugios, por miedo a ser atrapados por las autoridades mexicanas y ser deportados o institucionalizados por los servicios sociales de ese país. Según denuncian abogados de la organización Al Otro Lado, no se les permite poner su nombre en la lista de espera para pedir asilo, y si se acercan a los puertos de entrada son detenidos y devueltos a los refugios por las autoridades migratorias mexicanas, incluso aunque vayan acompañados de abogados.
Dora sufrió durante años abusos físicos y sexuales por parte de su abuelo en El Salvador. Con 15 años, emigró hacia Estados Unidos siguiendo la senda de sus dos hermanas mayores, que habían huido de esos mismos abusos con rumbo a Los Ángeles cinco años, según informa el diario The Guardian.
Para cubrir un viaje de miles de millas sembrado de un riesgo cierto de ser violada, secuestrada o asesinada, Dora se unión a una caravana de inmigrantes centroamericanos que llegó a la frontera californiana en noviembre. Pero cuando intentó pedir asilo en el puerto de entrada de San Ysidro, fue interceptada por agentes de inmigración mexicanos que le enviaron a un refugio para menores, donde ahora pasa los días jugando a las cartas, viendo la televisión y esperando otra oportunidad.
La Patrulla Fronteriza interceptó a 521.090 inmigrantes indocumentados en el año fiscal de 2018 (de octubre a septiembre), de los que 50.036 eran menores no acompañados (un 20% más que el año anterior). En sólo los dos primeros meses del año fiscal 2019 (octubre y noviembre) ya se ha interceptado a 10.265 menores. Y ello pese a que las autoridades migratorias mexicanas detiene antes a miles de inmigrantes centroamericanos, la mayoría de los cuáles son deportados.
Los que se quedan en México, en el limbo (sin ser expulsados ni institucionalizados), corren “un riesgo de peligro físico”, según denuncian los abogados de Al Otro Lado, en una de las ciudades con mayores tasas de criminalidad e infestada por los carteles del narcotráfico. No tienen acceso a escuelas, psicólogos ni abogados, por lo que esta organización pide donaciones para proporcionarles maestros y asistencia médica.