ICE planea endurecer el encierro para inmigrantes embarazadas y niños

Las nuevas normas permiten atar a mujeres sin supervisión de un médico, o eliminan la obligación de preparar visitas de los niños a sus padres encerrados.
Imagen de archivo de una celda de detención de familias inmigrantes en Texas en 2007.
Imagen de archivo de una celda de detención de familias inmigrantes en Texas en 2007. ASSOCIATED PRESS / ASSOCIATED PRESS

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) está preparando nuevas normas para sus centros de detención de inmigrantes que endurecerán el trato dispensado a mujeres embarazadas y niños, según ha adelantado el diario The Wall Street Journal.

ICE considera que sus normas actuales son demasiado “rígidas” y a menudo entran en conflicto con las reglas de las cárceles locales, donde algunos prisioneros aguardan su juicio y otros su deportación. Por ello, ha redactado nuevas directrices, que aún no son públicas y definitivas pero que sí ha circulado entre organizaciones para recabar sus opiniones.

Según Danielle Bennett, portavoz de ICE, las nuevas directrices “eliminan o reducen considerablemente varias reglas estándar anteriores basándose en las experiencia con las agencias locales del orden”.

El Gobierno que preside Donald Trump ya había eliminado la política aprobada por Barack Obama que llevaba a liberar a la mayoría de mujeres embarazadas. Ahora, además, se eliminaría la regla aprobada en 2011 que prohíbe en ningún caso atar o encadenar a mujeres embarazadas, así como el requisito anterior, aprobado en 2000, de que un médico tenga que sancionar cualquier tipo de atadura a mujeres.

Además, también se eliminaría la obligación de instituir procedimientos para que los niños puedan visitar a sus padres encarcelados, y de que los familiares encerrados puedan verse. Desaparecería además la promesa de ICE de ocuparse de que así se haga si la prisión local no lo hace.

Además, las nuevas directrices ya no prohíben alojar a detenidos violentos con otros que no lo son, y limita el número de cartas que el Gobierno permitirá enviar gratis a sus abogados a aquellos detenidos que no tienen dinero para pagarlas.