La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han incautado de 4,2 millones de dólares en bienes y propiedades en los últimos cuatro años. Los agentes de inmigración han intervenido viviendas, aviones, yates e incluso restos humanos valorados en una fortuna, según reporta la web informativa Splinter.
En 2016, por ejemplo, interceptaron un helicóptero valorado en 5,8 millones de dólares; en 2018, un avión de 5 millones y un bote hinchable de 500.000 dólares. La base de datos de bienes incautados entre 2014 y 2018 muestra también rarezas como restos humanos valorados en 3.500 o hasta 10.000 dólares, sin que se explique el motivo, según la citada web.
Los agentes de la ley tienen permitido incautarse de propiedades y venderlas si han sido usadas para cometer un crimen; el problema en este caso es que las autoridades migratorias actúan en procedimientos civiles, por lo que no requieren de una condena, y ni siquiera de un procesamiento judicial, para quedarse con los bienes, según denuncia la abogada Anya Bidwell.
Bidwell defendió el caso de Gerardo Sierra, un ciudadano de Kentucky que tomaba fotografías junto a la frontera mexicana en septiembre de 2015 cuando fue interceptado por dos patrulleros de la CBP. Al registrar su carro, encontraron cinco balas; le acusaron de transportar “munición bélica”, según denunció la abogada, y se quedaron con el vehículo, una Ford F-250, sin orden judicial.
Sierra pasó dos años luchando por recuperar su carro, y tuvo que pagar un 10% de su valor (3.800 dólares) sólo para poder presentar su petición. Y ello pese a no ser acusado de ningún crimen y no tener antecedentes criminales: su único delito, dijo su abogada, fue haber tomado fotografías turísticas y haber olvidado que tenía cinco balas en su carro.
La Unión Americana de Libertades Civiles ha denunciado también el enriquecimiento abusivo por parte de las agencias federales mediante estas incautaciones civiles sin orden judicial.