Se conoce como Operación Segundo Vistazo, y busca retirar la ciudadanía a aquellos extranjeros que fueron naturalizados pese a tener órdenes de deportación o antecedentes criminales, o mediante procesos fraudulentos.
Este esfuerzo nació bajo la presidencia del demócrata Barack Obama con el nombre de Operación Janus (como el dios romano de los nuevos principios, que se representa con dos caras y da nombre al mes de enero), pero desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha cobrado fuerza: de 2004 a 2016, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía y el Departamento de Justicia impulsaban una media de 46 casos al año; ahora son el doble.
Durante la última década, USCIS naturalizó a más de 7,4 millones de inmigrantes; sólo en 2016 fueron 752.800.
El pasado mes de enero, el Departamento de Justicia anunció que estaba investigando 315.000 casos de inmigrantes bajo sospecha cuyas huellas dactilares no estaban en el sistema, por lo que bien podrían haber conseguido la nacionalidad haciéndose pasar por otra persona. Además, indicó que el Departamento de Seguridad Nacional (de quien dependen las autoridades migratorias) iba a procesar 1.600 casos para presentar cargos criminales.
El pasado junio, USCIS anunció la creación de una nueva oficina, y empezó a contratar a abogados. Así, el número de casos examinados ha pasado ya a 2.500, según informa el diario The New York Times. Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) está contratando también a 300 agentes, y pretende revisar 700.000 casos de posible naturalización fraudulenta. En total, pues podría haber hasta un millón de inmigrantes afectados.
El citado diario narra la historia de dos de ellos, Odette y Gilbert Dureland, que se convirtieron en estadounidenses en 2012 tras huir de la violencia en Haití y, cinco años después, se encontraron con un grupo de agentes de ICE llamando a su puerta en East Lake (Florida). Odette les explicó que tenía que ser un error porque toda la familia era ya estadounidense, tras vivir más de dos décadas en el país, pero los agentes se la llevaron detenida.
El Departamento de Justicia aseguró que la mujer había presentado una solicitud de asilo en 1997, antes de que lo hiciera su marido (con cuya aplicación terminó con el tiempo por lograr la nacionalidad), con un nombre diferente, Enite Alindor, pero luego desapareció del radar de las autoridades migratorias, de forma que un juez terminó por ordenar su deportación.
Un jurado la declaró culpable y el juez la envió cinco meses a prisión; además, perdió la nacionalidad y será deportada.
“No tengo a nadie en Haití, si me deportan, estaré sola”, indicó la mujer al diario. “Me hice estadounidense”, añadió, “soy estadounidense”.