La Policía de Nicaragua comenzó hoy a decomisar los bienes de las ONG a las que el Parlamento canceló su personalidad jurídica, así como de un grupo de medios crítico con el Gobierno, en una jornada en la que agentes antidisturbios golpearon a periodistas que cubrían una denuncia al respecto.
La Policía allanó y se tomó por la fuerza la ONG Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), fundada por la activista nicaragüense-costarricense Ana Quirós, expulsada a Costa Rica el 26 de noviembre pasado.
También el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que, al parecer, según su director Carlos Fernando Chamorro, el Gobierno las quiere vincular con el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), fue director de la ONG Cinco, a la que el Parlamento quitó la personalidad jurídica. Sin embargo, sus oficinas quedan en otro lugar distinto a la sede donde funcionan las revistas digitales.
Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista.
Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot, reclamó a las autoridades por el allanamiento de sus empresas y calificó la ocupación del edificio como una "confiscación".
Su reclamo lo llevó hasta la sede de la Policía, donde agentes antidisturbios golpearon a periodistas y fotógrafos que cubrían esa denuncia, constató Efe.
Los agentes, cubiertos con su armadura de protección, salieron en fila de las instalaciones policiales cargando sus porras y escudos antidisturbios que utilizaron para dispersar a los comunicadores.
Los hechos ocurrieron luego que el Ministerio de Gobernación informara que los bienes incautados a las nueve ONG ilegalizadas pasan a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.
Los organismos a los que el Parlamento despojó el estatus legal son Cisas, Cinco, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.
También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río y la Fundación Popol Na.
"Esta cancelación obedeció al hecho de que estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales, explicó el Ministerio de Gobernación.
A juicio de la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se están vengando políticamente de esas ONG porque han denunciado los errores del Ejecutivo desde "hace muchos más años que la revuelta del 18 de abril, la que ha motivado esta cacería inicua".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el "allanamiento" a la oficina de la revista digital Confidencial y de las ONG y lo calificó de "grave ataque a la libertad de expresión y la democracia".
El Gobierno de Costa Rica alertó sobre el "recrudecimiento" del "acoso y la represión" en Nicaragua y abogó por el respeto y el diálogo para lograr un retorno a la normalidad y la paz en ese país, cuya "inestabilidad" afecta "a todos" en la región.
Nicaragua vive desde abril pasado una crisis que ha generado protestas contra el Gobierno y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".