Los centros de detención de migrantes operados por empresas privadas acumulan más quejas y a la vez detuvieron a indocumentados por más tiempo que en las instalaciones públicas, según un estudio difundido este jueves de la Universidad del Sur de California (USC).
"En prisiones de compañías privadas, mientras más tiempo detienen a una persona, más dinero ganan", explica Emily Ryo, profesora de la escuela de Derecho Gould, de USC. La docente también apunta que "a menos servicios provistos a los detenidos, como cuidados médicos, menos dinero gastan y eso significa más ganancia".
La profesora consultó datos de 355.729 inmigrantes detenidos en 2015, así como cifras más recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con el reporte, los inmigrantes que recibieron algún "alivio legal" estuvieron presos "87 días como promedio" en cárceles privadas, comparado con 33 días antes de salir de centros de detención públicos.
Junto a Ian Peacock, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Ryo ha publicado recientemente el reporte The Landscape of Immigration Detention in the United States (El mapa de la detención de inmigrantes en Estados Unidos).
"Detectamos que hay bastantes transferencias de detenidos a prisiones lejanas, lo que dificulta el contacto con sus familiares y abogados", anota Ryo. "Sospechamos que cuando las detenciones son masivas el sistema entra en caos y tienen que ver dónde llevan a los que ya están prisioneros". Algunos de los abogados de indocumentado reportan que muchas transferencias son un castigo por haber reportado problemas en las prisiones.
Acerca de maltratos y detenciones prolongadas, el gobierno federal recibió por medio de abogados 47.145 denuncias sobre 305 prisiones gestionadas por empresas privadas, destaca el reporte. "Debido al aumento de las detenciones en la administración de Donald Trump, los problemas que detectamos con cifras de ICE del 2015 están siendo incrementados", sostiene Ryo.
Sugiere que el Gobierno debe dar pasos para reducir los contratos de compañías privadas. "Las prisiones administradas por empresas de seguridad deben de ser objeto de más escrutinio", sentencia.