Cuando usted le hace una pregunta a Google o a cualquier buscador de Internet, un programa informático al que los expertos llaman algoritmo decide qué respuestas recomendarle. Ese algoritmo está diseñado para encontrar la mejor opción según sus gustos personales y los de la mayoría de la gente. Puede parecer inofensivo, pero ahora estos algoritmos se usan para decidir si alguien debe ir a la cárcel, merece tener seguro médico, o si un inmigrante debe ser deportado o no. Y en ocasiones también sirven para dañar a muchas personas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a más de 100.000 personas cada año, según señala la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que es quien ha llevado este asunto ante una corte de Nueva York.
Durante las primeras 48 horas tras el arresto, la agencia federal debe decidir si mantiene a esa persona bajo custodia o la deja en libertad bajo fianza. Es una decisión clave no sólo para el individuo, que se arriesga a pasar hasta tres meses en prisión a la espera de comparecer ante un juez, sino también para la propia agencia, puesto que sus cárceles están colapsadas, con más 45.000 detenidos pese a tener fondos regulares sólo para mantener 40.000.
Desde 2013, ICE usa su propio algoritmo informático para decidir, de acuerdo con la información disponible sobre el individuo (edad, familia, nacionalidad, antecedentes criminales, etcétera), si debe mantenerlo en prisión o puede dejarlo en libertad bajo fianza confiando en que se presentará a su cita ante el juez de inmigración.
Sin embargo, la agencia de noticias Reuters informó en junio de que ese programa informático había sido cambiado, de forma que ya nunca recomienda dejar a nadie en libertad bajo fianza independientemente de sus circunstancias.
ACLU solicitó oficialmente información al respecto a ICE en julio, pero denuncia ante la corte que se la denegaron, motivo por el que ahora acude a la justicia.
“Mientras aguardan en la cárcel, estas personas a menudo pierden sus empleos, sus casas y su oportunidad de defender su caso para mantenerse en el país”, denuncia la organización, “tenemos derecho a saber si sus vidas están siendo puestas del revés sólo porque ICE está jugando con los dados cargados”.