El fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, desveló el 29 de noviembre una directiva que prohíbe a la policía local colaborar o seguir órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Las autoridades migratorias amenazaron apenas unas horas después con “un incremento” de sus operaciones en ese estado y, efectivamente, no han tardado en publicitar el arresto de 105 personas sospechosas de residir en el país ilegalmente.
La nueva directiva impide a los agentes locales abordar, registrar o detener a ningún individuo basándose en su estado migratorio, o arrestar o mantener bajo custodia a personas por mandato de ICE. Las únicas excepciones son casos en los que se hayan cometido crímenes serios o violentos, o cuando exista una orden final de deportación, según informó el diario North Jersey Record.
“La probabilidad es que las operaciones y arrestos indiscriminadas en lugares de trabajo, que ya existen, aumenten posiblemente por el hecho de que ICE no tenga ya la cooperación en las cárceles”, afirmó pocas horas después Emilio Dabul, portavoz de la agencia federal, a la cadena de noticias NBC.
El razonamiento de ICE, que no es nuevo, es que, si los sheriffs y policías locales no colaboran, mayormente para mantener detenidos a los indocumentados arrestados por otras causas hasta que sus oficiales pueden llegar a la cárcel a llevárselos, la agencia optará por buscar a esos inmigrantes en sus lugares de trabajo, al llevar a sus hijos a la escuela, o en otros lugares donde, además de atrapar a personas con antecedentes criminales, podrían terminar arrestados otros que nunca cometieron ofensa alguna.
Dicho y hecho: ICE anunció el pasado viernes el arresto de 105 personas durante una operación de cinco días planeada, según la agencia, antes de que se conociera la directiva del fiscal general, pero ejecutada justo un días después. Ocho de cada 10 detenidos tienen antecedentes criminales, según la agencia, que agradeció la colaboración de las agencias locales del orden.