Victorina Morales, la mucama indocumentada que trabajaba en uno de los lujosos clubes de Golf propiedad del presidente, Donald Trump, ubicado en Nueva Jersey, ha dicho no arrepentirse de haber denunciado el abuso y la hipocresía de quien habla mal de los migrantes en general y dice combatir la inmigración ilegal, pero contrata a personas con documentos falsos.
"La verdad es que estoy triste, me siento mal. Mucha gente me señala ahora. Pero no me arrepiento de lo que hice", dijo Morales, una guatemalteca de 45 años, al periódico New York Times, que ayer hizo públicas las denuncias de la trabajadora.
El Times desveló que el club de golf de Donald Trump en Bedminster (New Jersey) empleaba a trabajadores indocumentados que, entre otras tareas, limpiaban la casa del magnate, su baño privado o la ropa interior de la familia presidencial.
Trump siempre aseguró que nunca había tenido a inmigrantes ilegales en nómina, algo de lo que hizo gala en su campaña presidencial y posteriormente en el cargo, cuando endureció las condiciones para emitir visados a trabajadores extranjeros para potenciar la contratación local.
Morales oficialmente sigue trabajando para el club, donde empezó a prestar servicios en 2013, aunque cree que es mejor no volver por allí, ya que considera es muy probable que sea despedida de inmediato.
La Organización Trump, el grupo empresarial del presidente estadounidense, afirmó ayer en un comunicado que si descubría a alguno de sus empleados con papeles falsos sería “despedido inmediatamente”.
El reportaje ha puesto en el ojo del huracán a Morales y a otra ex mucama del magnate, Sandra Díaz, cuyo abogado, Aníbal Romero, está trabajando para evitar posibles represalias legales contra ambas.
El abogado explicó al Times que en el caso que se hiciera una investigación federal, Morales y otros trabajadores irregulares del club de golf podrían recibir visados especiales como víctimas de un crimen federal como el tráfico de personas, así como por tratarse de testigos.
Las víctimas no podrían ser encausadas como criminales, sino que sería la empresa la responsable.
Díaz, cuya residencia en Estados Unidos ha sido regularizada, estaría más protegida legalmente que Morales, que carece de documentación aunque ha solicitado formalmente el asilo al Gobierno estadounidense.
Sin embargo, a pesar de tener una cita para el próximo 17 de diciembre para revisar su solicitud de asilo, su abogado ha requerido que sea pospuesta debido a la publicidad que Morales ha recibido una vez se ha desvelado su situación.
"Necesitamos más tiempo. Expertos y psicólogos serán requeridos para este caso. Ahora ella es una figura pública en Estados Unidos. Eso la pone todavía en más peligro que antes si volviera a Guatemala ", aseguró su abogado al rotativo neoyorquino.
Ahora mismo, Morales asegura no estar segura de qué hará a continuación, aunque continuará con su segundo trabajo como limpiadora de oficinas por la noche, con el que desea seguir.