Los legisladores del Partido Demócrata planean intensificar el escrutinio de los centros de detención que albergan inmigrantes. Con el poder adquirido tras las elecciones de noviembre, en las que recuperaron el control de la Cámara de Representantes, están en una mejor posición para supervisar a las agencias que mantienen a los migrantes bajo custodia, algo que piensan llevar a cabo el próximo año, según un reporte de la cadena NBC.
"Hay mucho trabajo por hacer", dijo la Representante Lucille Roybal-Allard de California, quien está en línea para convertirse en la presidente del subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes en Seguridad Nacional.
En su lista de tareas pendientes está proporcionar un mejor acceso a la asesoría legal; utilizar alternativas a la detención, particularmente para las familias; asegurar que las instalaciones de inmigración sean inspeccionadas más regularmente; y asegurar más fondos para la contratación de trabajadores sociales para trabajar con niños migrantes no acompañados.
"Principalmente va a ser una supervisión, promoviendo la equidad y la justicia para estos inmigrantes", dijo Roybal-Allard.
Aunque la inmigración ilegal ha llegado a su punto más bajo en una década, el presidente, Donald Trump, ha incrementado la detención de inmigrantes, incluida la detención de padres e hijos centroamericanos que solicitan asilo.
La Representante demócrata Rosa DeLauro, presidente entrante del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre Servicios Humanos, se comprometió a "hacerse responsable de los dólares de los contribuyentes" que se están gastando para mantener a los niños inmigrantes no acompañados en tiendas de campaña en Tornillo, Texas.
Criticó una solicitud de la Casa Blanca para que se agreguen otros 190 millones de dólares al programa de gasto que el Congreso está negociando, lo que dijo que prolongaría la detención de niños inmigrantes más allá del promedio actual de aproximadamente 70 días.
"Haré todo lo que pueda para evitar que obtengan un centavo más", dijo DeLauro.
El debate sobre la detención de migrantes se lleva a cabo al mismo tiempo que se discute la ley de egresos, que permitirá financiar al Gobierno para mantenerlo abierto, pero en la que también se incluye cuánto se asignará a la aplicación de las leyes migratorias, incluida la detención de migrantes y un posible muro fronterizo por el que ha abogado tenazmente Trump.
Para los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, como el Consejo de Inmigración de Estados Unidos (American Immigration Council), el trato a las personas detenidas en centros privados pero que son financiados con dinero de los contribuyentes fiscales ha dejado mucho que desear. Según un estudio de esta organización, dos tercios de los migrantes retenidos se encuentran en cárceles privadas que están alejadas de sus familias, comunidades de apoyo y servicios legales.
El análisis se basó en los registros de las 355.729 personas detenidas por Inmigración y Control de Aduanas (ICE, inglés) en 2015. Según este informe, el gobierno federal trasladó de manera cotidiana a las personas detenidas de un lugar a otro en su red de 638 instalaciones.
El informe, titulado "El paisaje de la detención de inmigrantes en los Estados Unidos", se publicó el miércoles y tiene la intención de tener orientar las negociaciones en el Capitolio.
"Mientras el Congreso sopesa las repetidas solicitudes de la administración de un presupuesto masivo para la aplicación de la ley de inmigración, estos hallazgos deben ser fundamentales para las discusiones sobre políticas de detención, supervisión y reforma", dijo Kathryn Shepherd, asesora nacional del Consejo de Inmigración de Estados Unidos.
Según el análisis del consejo, el 67% de los inmigrantes detenidos en 2015 se encontraban en instalaciones privadas y el 64% por ciento en instalaciones remotas. La duración promedio de detención entre los más de 260.000 adultos liberados de los centros de detención de inmigrantes en 2015 fue de 38 días.
El estudio muestra que la mayoría de los adultos que fueron detenidos fueron transferidos al menos una vez durante su detención, lo que llevó al confinamiento en múltiples ubicaciones.
Los investigadores del informe encontraron que el 48% de los detenidos fueron confinados al menos una vez en una instalación que estaba a más de 60 millas de distancia del abogado defensor de inmigración más cercano.
"Proporcionar acceso a un asesor legal será una de mis prioridades", dijo Roybal-Allard. "Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que el acceso sea fácil y que puedan obtener asesoría legal". Los inmigrantes detenidos no tienen derecho a un abogado bajo la ley estadounidense.
El Instituto de Política de Migración, una organización no partidista, en un informe publicado en mayo, informó que tres cuartas partes de las personas detenidas por Inmigración en 2016 se encontraban en instalaciones operadas por empresas privadas.
Según el instituto, el Departamento de Seguridad Nacional gastó 126 dólares por día en cada persona detenida en el año fiscal 2017, con costos anuales de 2.000 millones de dólares. Eso también ha llevado a un aumento de las ganancias para las empresas privadas que administran las instalaciones, algunas de las cuales operan en la bolsa de valores.
El análisis del Consejo de Inmigración Estadounidense mostró que las instalaciones privadas fuera de las principales áreas urbanas tenían un mayor número de quejas.
En 2015, cerca de 50,000 reclamos relacionados con la detención por parte de detenidos y el público se hicieron a través de la línea de quejas de ICE, según el informe. El acceso a asesoría legal e información básica sobre casos de inmigración fue el tipo más común de reclamos.
"El uso de la detención de inmigrantes en los Estados Unidos ha aumentado significativamente en las últimas décadas, mientras que las denuncias de violaciones de derechos humanos y civiles en los centros de detención han persistido", dijo Ryo. Las cuestiones planteadas en el informe "podrían exacerbarse si el gobierno amplía aún más el uso de la detención", añadió.
Ana Raquel Minian, autora y profesora de historia en Stanford, escribió recientemente en un artículo de opinión en el periódico The New York Times que la detención de inmigrantes tiene una historia breve y complicada. El aumento de la detención de inmigrantes ocurrió en la década de 1980 con la llegada de grandes grupos de cubanos y caribeños de las Antillas mayores, después de una caída en la inmigración en la década de 1950. Pero la detención masiva sólo se dio con el impulso de las compañías con fines de lucro que construyeron una infraestructura sin precedentes para encerrar a los migrantes, escribió la profesora Minian.
Roybal-Allard, De Lauro y la representante electa Verónica Escobar, demócrata por Texas, dijeron en la conferencia telefónica el jueves que también promoverían una mayor capacitación de los guardias y el personal de detención.
"La mayoría de estas instalaciones contratadas son administradas por personas que están acostumbradas a lidiar con criminales endurecidos y no tienen sensibilidad ni entendimiento con respecto al hecho de que están tratando con una población diferente", dijo Roybal-Allard.
Escobar pidió una mayor responsabilidad y transparencia en los contratos que se adjudican a las empresas privadas.
"Lo que hemos visto con estos enormes contratos sin licitación es que están en curso", dijo Escobar. "Siguen renovándose y (...) la cantidad de dinero y los dólares de los contribuyentes destinados a esto son probablemente mucho más de lo que sabemos".