Mergensana Amar, de 40 años, se presentó el 2 de diciembre 2017 en la frontera mexicana en San Diego y pidió asilo en Estados Unidos. Pasó casi un año bajo custodia de los servicios de inmigración, luchando para no ser deportado. El pasado mes de agosto, se declaró en huelga de hambre, según informa el diario The Washington Post. Estuvo a punto de morir. En octubre, sus carceleros en Tacoma (Washington) descubrieron que había fabricado una soga y la había escondido bajo su cama. Le colocaron brevemente bajo vigilancia para evitar su suicidio. El 15 de noviembre, cuando ya nadie le vigilaba, intentó ahorcarse. Sufrió heridas de gravedad crítica, y falleció finalmente el pasado sábado.
Amar es el segundo prisionero del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés) que pierde la vida este año fiscal (que comenzó el 1 de octubre). Y, según la activista Maru Mora Villalpando, que trató de ayudarle, “es un ejemplo de hasta dónde llega ICE para mantener a la gente bajo custodia”.
ICE mantiene a casi 45.000 personas detenidas en todo el país, según comunicó el 20 de octubre al Congreso, una cifra “asombrosa” y “sin precedentes”, según organizaciones humanitarias. Pese a que el número de deportaciones alcanza niveles récord (entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 se ordenó la expulsión de 288.000 personas), también la llegada de inmigrantes a la frontera está en su nivel más alto desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (en octubre fueron interceptadas 61.000 personas).
Las muertes en prisión son excepcionalmente bajas: entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 fallecieron 12 inmigrantes; en el año fiscal anterior, fueron 10. Pero el número récord de personas bajo custodia ha disparado las alertas sobre las condiciones de los presos, sobre todo porque ICE sólo tiene presupuesto del Congreso para mantener a 40.000 personas bajo custodia, y está recibiendo partidas extraordinarias para hacer frente al exceso de gastos.
El número de suicidios también resulta preocupante: una instalación de ICE gestionada por la misma organización que la de Tacoma, Geo Group, registró siete intentos de suicidios entre diciembre de 2016 y octubre de 2017. Un hombre logró quitarse la vida el pasado otoño; cuando el Departamento de Seguridad Nacional inspeccionó el lugar (en Adelanto, California) por sorpresa, encontró horcas colgando de los conductos de ventilación.
La muerte de Amar está también bajo investigación, según ICE, que señala que el inmigrante había mostrado “una buena salud física antes del incidente” y estaba siendo monitoreado por médicos. Pero estaba muy asustado, según le contó a activistas antes de su muerte, porque no quería volver a su país, donde había sido golpeado por la extrema derecha. “Prefiero morir en esta tierra que volver a Rusia”, afirmó.
Un juez de inmigración rechazó su petición de asilo el 7 de agosto y ordenó su deportación. Fue entonces cuando se puso en huelga de hambre y tuvo que ser alimentado por la fuerza. Recurrió su expulsión del país, pero la corte de inmigración rechazó también su petición. Debía haber sido expulsado del país este mes. Prefirió morir antes.