Durante la década que va del 2007 al 2017 más de 1.000 personas fueron víctimas de tortura, asesinato, desaparición y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de México, según un documento de una organización civil defensora de los derechos humanos.
El documento, titulado Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México, está basado en las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante ese periodo.
La policía, el Ejército y la Marina fueron responsables de 239 desapariciones, 527 incidentes de tortura y 270 asesinatos. La institución que más crímenes cometió fue el Ejército, seguido por la Marina y las policías de los tres niveles de gobierno.
La mayoría de los casos de asesinato y tortura fueron registrados en estados del norte del país. Los lugares donde más frecuentemente se llevaron a cabo estas violaciones graves fueron las calles y las carreteras del, aunque también ocurrieron en las casas de las víctimas, escuelas, lugares de trabajo y, en los casos de tortura y desaparición, destacó el uso de instalaciones militares.
La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, trabajadores o estudiantes, seguido de mujeres y adultos mayores, pero también una cantidad importante de menores de edad víctimas de asesinato.
La mayoría de los homicidios se hicieron con un arma de fuego, aunque también fue frecuente la muerte durante la tortura.
En uno de los casos de tortura que se describen dos personas detenidas en sus domicilios fueron llevados a un campo militar en donde se les obligó a desnudarse antes de que fueran golpeadas, recibieran choques eléctricos y se les asfixiara con bolsas de plástico y agua en el rostro.
Los casos de desaparición presentaron una amplia gama de acciones indebidas, que fueron desde la abducción, el incumplimiento del deber de proteger a la población de grupos criminales e incluso el ocultamiento de cadáveres. En un caso emblemático que describe el documento, el ciudadano Jorge Parral fue inhumado en una fosa común por miembros del ejército, aun conociendo su identidad, “como una voluntad de esconder la verdad sobre su fallecimiento más que una negligencia de la propia investigación”.
Las desapariciones y los asesinatos cometidos por las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, estuvieron relacionados en varios de los casos. Después de ser ejecutadas extrajudicialmente, estas víctimas fueron inhumadas en fosas clandestinas.
Sin embargo, la realidad podría ser mucho peor, pues según el mismo documento los casos sólo representan una fracción, una pizca de la amarga realidad que vive México.
“En este sentido, se reconoce la limitación del presente trabajo debido a que el análisis se ha hecho sólo respecto a una fuente y por lo tanto presenta un universo de casos reducido”. Sin embargo, el análisis es el más completo que se haya hecho hasta el momento y ofrece una ventana única para mirar la descomposición de la seguridad y el estado de los derechos humanos.
El documento también describió un posible patrón en el comportamiento de las autoridades para evadir su responsabilidad y en algunas ocasiones incluso inculpar a las víctimas. En los casos de homicidio, por ejemplo, los informes hablaban reiteradamente de ‘repeler una agresión en legítima defensa’ o que las víctimas estaban ‘en posesión de armas o drogas’, aunque los peritajes de Derechos Humanos indicaban lo contrario.
En los casos de tortura, por ejemplo, las autoridades trataron de justificar sus acciones aduciendo que las víctimas habían cometido delitos contra la salud o portaban armas, situaciones que no justifican bajo la ley los golpes, las amenazas de muerte, la asfixia y demás métodos que fueron registrados.
El reporte se da a conocer días antes del cambio de gobierno. El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que abatirá la inseguridad respetando los derechos humanos, pero también ha propuesto la creación de una Guardia Nacional, compuesta por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal.